El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha recordado este miércoles que las filtraciones pueden acarrear penas de cárcel de acuerdo con el Código Penal vigente, después de que este martes volvieran a saltar a los medios de comunicación detalles sobre la defensa de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el caso de supuesto fraude fiscal en el que está inmerso.

El abogado de Alberto González Amador, el novio de Ayuso, propuso a la Fiscalía asumir ocho meses de cárcel y pagar más de medio millón de euros para evitar el juicio por presunto fraude fiscal y falsedad documental, según consta en la propuesta de conformidad filtrada ayer. Interrogado sobre esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García Martín ha tachado de «lamentable» toda la actuación de la Fiscalía en este caso.

«Lo que es lamentable es cómo se están utilizando los poderes del Estado, en este caso también la Fiscalía, para atacar a una persona anónima, a un particular», ha lanzado, al tiempo que ha hecho alusión a que la celebración de la Junta de Fiscales de Sala del Supremo que se produce este miércoles porque «ha habido una fiscal que no ha estado de acuerdo con las instrucciones que se han dado por parte del Fiscal General del Estado y de su equipo». Unas instrucciones que, ha señalado, «venían a tratar de ocultar esa investigación previa que se tendría que haber producido».

El portavoz de Ayuso ha asegurado que el Gobierno autonómico no se va a meter en lo que decida esa junta de fiscales, que hoy determinará si, como pide la teniente fiscal, corresponde archivar las dos querellas planteadas por la pareja de la presidenta por revelación de secretos e impedimento contra el ejercicio del derecho de defensa. Pero lo que sí va a denunciar es que «se estén utilizando los medios del estado, el Ministerio de Hacienda o la Fiscalía General del Estado, no para proteger a los ciudadanos sino para atacar a un ciudadano anónimo para desgastar políticamente».

Para el Ejecutivo madrileño, todo esto responde a la estrategia de «tratar de esparcir tinta de calamar y de tapar la situación a la que se encuentra sometido Pedro Sánchez que está acorralado por una trama de corrupción económica sin precedentes en la historia reciente de nuestro país y en esos peajes que está teniendo que pagar a los independentistas».

Cabe recordar que el Fiscal General del Estado, Álvaro Ortiz, ha asumido «toda la responsabilidad» de la filtración de datos de la pareja de la dirigente de la Puerta del Sol en un comunicado emitido por la Fiscalía de Madrid. «Tenemos a un Fiscal General del Estado que puede confesar públicamente como hizo ayer que es el responsable de filtrar los datos de un particular y no pasa nada. Este es el país de la impunidad», afirmó Díaz Ayuso tras la revelación de García Ortiz.