Allá por el año 2020, en pandemia, cuando la alcaldesa de entonces Susana Pérez Quislant, asustada, cometía barbaridades presupuestarias a diestro y siniestro amparándose en dicha pandemia, solo El Correo de Pozuelo lo denunció. Sobradamente. Todo era un escándalo. Pero nos quedamos solos. Ningún otro medio protestó. Y no pasó nada. Solo recibimos los habituales improperios por denunciar lo que pasaba en el Ayuntamiento del Gran Pozuelo de Alarcón.

Además, en aquella época, Vox Pozuelo era la muletilla de Quislant para conseguir la mayoría absoluta y Juan José Aizcorbe (contento por el regalo de aquella parcela pública a la Parroquia de Caná) e Ignacio Fernández (contento por salir en la revista Vive Pozuelo) se lo aprobaron todo durante dos años.

Es cierto también que el resto de la Oposición se resignaba a estar de ‘miranda’. Protestaba pero bajito. Bueno, Ciudadanos rabiaba porque quería ser Vox. De hecho lo fue un año después. En 2021, aprobó el presupuesto de 2022 sin que se hubiera hecho la liquidación de 2020. Todo valía.

Pero, como dice el refrán y solo por lo que conlleva de sabiduría popular, “a todo cerdo le llega su San Martin”. Y San Martín ha llegado en forma de informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

(Les recuerdo que esta Cámara de Cuentas es el órgano de control externo al que corresponde el control económico presupuestario de la Comunidad de Madrid)

Y como no es fácil resumir un informe de 118 páginas dado el desastre que cuenta, le hemos pedido a un experto en este tipo de informes (ya ha colaborado con El Correo de Pozuelo en estos temas, dada su triple condición de Auditor jubilado del Tribunal de Cuentas y contribuyente de Pozuelo) para que nos cuente sus impresiones…

Y esta es el primero de sus comentarios (seguirán más):

“El informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre el Presupuesto de 2020 no es un simple análisis: es una bofetada en la cara a la gestión económica y administrativa del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, un consistorio hundido en un pantano de incumplimientos, ineptitud y descontrol que clama por una purga política inmediata.

Lo que se expone no son meras “observaciones críticas”, sino pruebas irrefutables de un gobierno local que desprecia las normas, malgasta el dinero de los contribuyentes y se ríe de la transparencia.

Empecemos por la obligación de rendir cuentas a la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales (PRCEL).

La Cuenta General se aprobó el 16 de diciembre de 2021, con un retraso escandaloso que viola el artículo 212.4 del TRLRHL, y cuando finalmente la enviaron, lo hicieron a medias, omitiendo datos clave sobre convenios.

El informe de control interno de 2020 llegó con diez meses de tardanza, un retraso que apesta a negligencia, y encima incompleto, sin detallar operaciones detectadas en fiscalizaciones.

El colmo es el Consorcio Deportivo Noroeste, adscrito al Ayuntamiento pero excluido de la Cuenta General como si no existiera, mientras brillan por su ausencia sistemas de contabilidad analítica que expliquen dónde demonios va el dinero de los servicios.

La Cámara exige cumplir las resoluciones del Tribunal de Cuentas para evitar multas —que ya deberían estar cayendo— y dar de baja ese Consorcio fantasma o aclarar su estatus, algo que aquel equipo de incompetentes no ha sido capaz de hacer.

En el presupuesto, el desastre es aún más sangrante. El expediente inicial está plagado de agujeros: anexos de personal y gastos plurianuales que parecen escritos con los pies.

Las modificaciones de crédito inflaron el presupuesto un 76%, pero solo ejecutaron un mísero 61,77%, un fiasco que grita mala planificación y despilfarro inútil.

Han metido créditos ilegales a costa de remanentes de 2019, y en operaciones de capital duplicaron el presupuesto inicial para luego ejecutar un ridículo 38,86%, mostrando que no saben ni empezar ni terminar una inversión.

La Cámara de Cuentas pide coordinación entre departamentos —que claramente no existe— y que alguien pague por este derroche de propuestas absurdas que asfixian las arcas municipales.

La liquidación y tesorería son otro circo.

La aprobaron tarde, violando el Real Decreto 500/1990, y aunque el presupuesto cerró 2020 con un déficit de 15,98 millones, tras maquillajes con remanentes de tesorería lograron un superávit ajustado de 23,92 millones.

Pero ojo, el ajuste estrella de 36,03 millones no se sostiene ni con pinzas, porque no lo han validado.

Hay proyectos zombies con financiación afectada, algunos con más de 15 años de antigüedad ligados al DRN, que se eternizan con créditos recurrentes y ejecuciones patéticas, un despropósito que entierra cualquier posibilidad de control.

La solución pasa por depurar este caos y ejecutarlo con algo de decencia, pero este Ayuntamiento prefiere el desorden y la opacidad.

Y en gastos de personal, el ridículo es mayúsculo.

El responsable de recursos humanos no tiene ni idea de cuándo se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo ni sus cambios, un desconocimiento que retrata la anarquía reinante.

No entregaron la RPT a los fiscalizadores y las diferencias en la plantilla son un misterio sin justificar. La Cámara de Cuentas exige ordenar este desastre documental y completar la RPT, pero aquí nadie parece saber por dónde empezar.

En conclusión, este informe destapa una gestión podrida en Pozuelo de Alarcón: un Ayuntamiento que incumple plazos, despilfarra presupuestos, oculta datos y opera sin control ni vergüenza. Las recomendaciones —cumplir normas, coordinarse, asumir responsabilidades— son un grito desesperado ante un gobierno local que ha convertido la administración en un cortijo.

No se entiende cómo el PP de Madrid no solo no castigó a los culpables sino que los premió. Aquella pandilla de incapaces no merece seguir manejando ni un euro más del dinero público. Es una vergüenza que clama justicia”.

Juan Pozuelo