Cansados de que el Ayuntamiento de Madrid “no hiciera caso”, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (FAMMA) decidió llevar ante la Fiscalía una denuncia en la que pedían que se investigara la responsabilidad del Consistorio por discriminación y vulneración de derechos respecto a la gestión de las plazas de estacionamiento reservadas a personas con movilidad reducida (PMR).

Las diligencias abiertas fueron archivadas, pero han servido para que, en boca del presidente de FAMMA, Javier Font, el Ayuntamiento “despierte”.

El equipo de Almeida se ha marcado de plazo hasta 2026 para estudiar las 14.000 plazas PMR que existen en la capital y, en aquellas que sea necesario, adaptarlas a la normativa de accesibilidad universal. Desde el Área de Obras y Equipamientos apuntan a este diario que el precio de adecuar cada plaza sería, de media, 1.745 euros, estimando unos 24,4 millones de euros en caso de tener que rehabilitar todas.

“La mayoría de ese dinero será para obra civil. La norma dice que tiene que haber un espacio accesible a la acera para bajar por el lado del copiloto, evitando posibles atropellos si salimos por otros flancos. Diría que el 95% de las plazas actuales no cumplen este requisito por una mala gestión”, desgrana Font.

“UNA EVIDENTE SEÑALIZACIÓN”

A los rebajamientos de bordillo, que facilitarán el día a día a estos ciudadanos, hay que sumarle una correcta señalización, tanto vertical (las señales de chapa) como horizontal, dejando claro en el suelo que esa plaza es específica.

Y aquí surge otro de los grandes problemas que denuncia FAMMA, tal y como señala Font. Ellos quieren que todo el perímetro de la plaza esté pintada, pero, “como hay libre interpretación de la norma, el Ayuntamiento sólo pintará un cuadro en el centro de 120 x 120 centímetros, alegando que así se evitarán deslizamientos”.

“¿Para qué no nos resbalemos? Se ríen de nosotros, es una tomadura de pelo porque existe pintura especial, antideslizante, como la utilizada en los centros comerciales donde todo el área está coloreada. Es una contradicción, y a nosotros no nos ayuda… Queremos que se fomente la disuasión y que no se ocupen de manera ilegal esas plazas”.

Font evoca que, en un principio, sus únicas reclamaciones giraban en torno al tema de pintar el perímetro de los aparcamientos reservados. Una “evidente” señalización, pero como sus peticiones cayeron en saco roto “decidimos ir a por todo y exigir también la obra civil”.

EN SEPTIEMBRE VOLVEREMOS A LA FISCALÍA

“Si nos hubieran hecho caso sólo habrían tenido que gastar unos 300 euros por pintar cada plaza, lo que da un total de unos cuatro millones, y no los 24,4 estimados… Imagina el ahorro”, sostiene Font, quien avisa de que a la vuelta de verano volverán a ir a la Fiscalía para ver qué dicen sobre el cumplimiento del 2%: “La ley obliga a que el 2% de las plazas en la vía pública estén reservadas para personas con movilidad reducida, algo que no se cumple en absoluto, en la actualidad, en Madrid”.

Desde el Área de Movilidad del Ayuntamiento apuntan a este diario que en Madrid hay 146.095 plazas de estacionamiento regulado, “las únicas que están contabilizadas”, y que de ellas “4.120 son PMR”. “Cumplimos con la legislación vigente y estamos por encima del mínimo establecido, con una tasa del 2,82%”, agregan.

Pero estas palabras no convencen a Font, que va más allá de la zona SER y exige que se cumpla esta ley en toda la ciudad: “Mienten mucho, es un auténtico desastre”.

Respecto a lo de pintar todo el perímetro, desde el Área de Obras y Equipamientos explican que actuarán “ajustándose al a normativa” de accesibilidad. “Somos conscientes de las carencias que tienen las plazas PMR y nuestro compromiso con la accesibilidad es total. Ya hemos estudiado más de 400 de esas plazas para conocer sus necesidades e ir adaptándolas, el resto irán siendo adecuadas hasta 2026”, concluyen.