Nada hacía pensar en marzo de 2001, cuando la Seguridad Social adquirió un gran solar en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón para poner en marcha un Centro de Formación Permanente para funcionarios (también para la celebración de eventos y congresos) que el ambicioso proyecto acabaría siendo una pesada carga económica y un auténtico fiasco. Y que ahora, pasados los años, terminaría siendo un Centro de Refugiados.

El centro tardó 12 años en ponerse en marcha, pese a que el presupuesto que llevaba detrás era más que considerable, 86,5 millones de euros.

No fue hasta febrero de 2002 cuando se presentó la maqueta del proyecto. Fue durante el segundo Gobierno de José María Aznar, con Juan Carlos Aparicio como ministro de Trabajo, y Gerardo Camps, como secretario de Estado de la Seguridad Social.

El complejo, compuesto por cinco edificios y que pretendía ser un hotel de lujo, con piscina climatizada incluida, y que ofrecía un restaurante exclusivo para los asistentes a los cursos, es hoy, tras un intento frustrado de venta, el lugar que acoge a medio centenar de refugiados ucranianos.

Más de 230 plazas de garaje y 24.800 metros cuadrados es el ejemplo de dinero público mal invertido y un inmueble más de la Seguridad Social vacío o no destinado al fin previsto.

En total, según un reciente informe del Tribunal de Cuentas, dos de cada diez propiedades del ministerio que dirige José Luis Escrivá no están ocupadas. En total, 875 inmuebles están vacíos de un inventario de 4.100.

Los seis años en los que estuvo activo el centro, entre 2013 y abril 2019, no cumplió ninguno de los objetivos y los problemas, incluso judiciales, han sido constantes.

Según detalla el Tribunal de Cuentas, la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, fue una de las causas de los retrasos, pero también provocó un aumento muy importante del presupuesto, para ajustarse a la normativa, de un 20%. El mantenimiento mientras estuvo activo el complejo sumó 7,6 millones más a los gastos, fundamentalmente por las facturas energéticas y de seguridad, pero los ingresos se limitaron a 98.000 euros.

El informe señala que la explotación patrimonial de la residencia fue adjudicada a una empresa y la actividad del centro se vio muy mermada como consecuencia de la comunicación en enero de 2016 por la compañía adjudicataria de la imposibilidad de prestar los servicios de alojamiento y restauración a los que le obligaba el contrato suscrito. La actividad ese año fue prácticamente nula, pero se recuperó en 2017 por el cambio de adjudicataria. Sin embargo, en 2019, ya con el Gobierno de Pedro Sánchez, se decidió no renovar el contrato y se puso en venta el edificio.

La rentabilidad económica fue una de las clave para poner en venta el complejo formativo. La ocupación media desde la apertura fue de 65 cursos anuales, que corresponden con unos 1.700 alumnos o lo que es lo mismo, una media de 36 personas por semana. El aforo máximo diario del centro era de 434 alumnos, pero la asistencia media diaria era de 12 alumnos -solo estaba abierto tres días a la semana. La infrautilización del centro queda patente en la ocupación era del 2,7% del total.

El inmueble se incluyó en el Plan de Enajenación 2019-2020. El 21 de noviembre de 2019 se celebró la subasta pública, declarándose desierta por falta de licitadores, mediante resolución del Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El tipo mínimo de licitación fue de 59,6 millones euros, lo que supone una reducción de valor del 24,39% sobre la inversión inicial. La TGSS busca dar una salida al centro, pero desde marzo acoge de forma temporal a refugiados ucranianos. Un servicio evidentemente útil, pero para el cual no estaba diseñado.

(Gentileza de La Información)