Varias de las organizaciones que convocan la huelga educativa indefinida en la Comunidad de Madrid preparan una denuncia contra la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades por permitir que el profesorado designado para los servicios mínimos imparta clase con normalidad en los centros que cuentan con personal suficiente. La ofensiva judicial llega cuando el seguimiento del paro se ha desplomado hasta el 15,4% este lunes.

La huelga indefinida, que arrancó el pasado 14 de octubre, la han convocado la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, UGT Servicios Públicos Madrid, el Sindicato de Enseñanza de la CGT, STEM, el Sindicato Único de Oficios Varios de Villaverde Alto de la CNT y Solidaridad Obrera, junto a los colectivos Asamblea Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna.

CSIF, por su parte, convocó sólo jornadas completas de huelga los días 14, 15 y 16 de octubre y paros parciales hasta diciembre. Según fuentes sindicales, algunas de las organizaciones convocantes ultiman la denuncia contra la Consejería.

Los sindicatos sostienen que el personal de servicios mínimos no debe dar clase bajo ningún concepto. A su juicio, su función se limita a garantizar la atención y la custodia del alumnado, y emplearlo para impartir las materias supone aparentar una normalidad que vacía de efecto el paro. El comité de huelga ya advirtió antes del inicio de la protesta de que los servicios mínimos no pueden utilizarse para «aparentar normalidad».

La Orden 4252/2026, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 9 de octubre, no recoge esa limitación. La norma fija como servicios mínimos al director y al jefe de estudios de cada centro, un maestro por cada 50 alumnos de Infantil y Primaria y un profesor más por cada 90 alumnos de ESO y FP Básica, pero no restringe las funciones de ese personal a la vigilancia de los alumnos. Además, la orden justifica los mínimos en el «derecho a la educación de los alumnos» y en garantizar el «derecho al trabajo del personal del centro que no secunde la huelga».

La Consejería ha defendido su criterio. Fuentes del departamento que dirige Mercedes Zarzalejo han explicado que la Administración no puede impedir a nadie dar clase, aunque esté designado para los servicios mínimos, y que se alegra de que se haga en los centros con personal suficiente para que los alumnos no pierdan materia. Ante el anuncio de los sindicatos, las mismas fuentes se han limitado a responder que denuncien.

No es la primera vez que los sindicatos cargan contra los servicios mínimos de la Comunidad de Madrid en educación. En las huelgas del 8 y 21 de mayo de 2024 y del 28 y 29 de abril de 2025, las organizaciones convocantes los calificaron de abusivos y se reservaron acciones judiciales. Sin embargo, el Gobierno regional ha vuelto a fijar exactamente los mismos parámetros en 2026 sin que ningún tribunal los haya anulado.

Descenso de la huelga

La denuncia llega en el peor momento de la huelga. Según los datos de la Consejería, el seguimiento fue del 44,6% el miércoles 14 de octubre, primer día de paro, y cayó al 32,2% el jueves y al 26,7% el viernes. Este lunes, cuarto día de huelga y el primero sin la convocatoria de jornada completa de CSIF, se ha quedado en el 15,4%. Los sindicatos elevaron el seguimiento al 70% el primer día y al 60% el tercero.

Los convocantes reclaman una mejora salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo, la reducción de la carga burocrática y una bajada de ratios: 13 alumnos por aula en Infantil, 15 en Primaria y Formación Profesional, 20 en Secundaria y 23 en Bachillerato, además de mejoras para el alumnado con necesidades especiales.