Hay palabras que deberían utilizarse con cuidado, especialmente cuando hablamos de políticas públicas. Una de ellas es asequible.

Por eso me llamó la atención el nombre elegido por el Ayuntamiento para su nuevo Plan de Vivienda en Alquiler Asequible para Jóvenes. Sobre el papel suena bien. Cualquiera podría pensar que por fin se ha puesto en marcha una política destinada a responder al principal problema que afrontan muchos jóvenes de Pozuelo: la imposibilidad de acceder a una vivienda en el municipio donde han nacido o crecido.

Sin embargo, basta profundizar un poco en los datos para que aparezca una duda razonable.
Los alquileres publicados para estas promociones oscilan entre aproximadamente 688 y 1.653 euros mensuales. Son cifras que, por sí solas, ya invitan a preguntarse qué entiende exactamente el Ayuntamiento por vivienda asequible.

Pero la verdadera clave no está únicamente en los precios sino en el perfil económico de las personas a las que parece dirigirse el programa. Según la información publicada, podrán acceder a estas viviendas jóvenes con ingresos de hasta 63.000 euros anuales en unas promociones y hasta 71.400 euros anuales en otras.

Setenta y un mil cuatrocientos euros.

Cuesta imaginar que alguien piense en una persona con ese nivel de ingresos cuando escucha hablar de las dificultades de emancipación de la juventud.

Porque el problema de acceso a la vivienda no lo tiene quien dispone de una renta elevada. El problema lo tiene quien lleva años intentando ahorrar sin conseguir reunir una entrada para comprar un piso. Lo tiene quien dedica una parte creciente de su sueldo al alquiler. Lo tiene quien sigue viviendo con sus padres porque sencillamente no le salen las cuentas.

Y es precisamente aquí donde merece la pena detenerse en los números.

Los organismos especializados en vivienda consideran que una persona no debería destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda. Aplicando ese criterio a los precios publicados por el propio Ayuntamiento, el resultado es el siguiente:

La tabla permite entender mejor el problema.

Mientras el salario mediano de los trabajadores madrileños de entre 25 y 34 años ronda los 22.700 euros anuales y el salario medio apenas supera los 26.000 euros, algunos de los alquileres anunciados solo pueden considerarse asequibles para personas con ingresos cercanos a los 50.000, 60.000 o incluso 66.000 euros al año.

Dicho de otro modo: la vivienda más barata del programa ya exige ingresos superiores al salario mediano de un joven trabajador madrileño si queremos respetar el criterio de esfuerzo económico generalmente aceptado. Y las viviendas más caras requieren ingresos que se aproximan a los máximos contemplados por el propio Ayuntamiento para acceder al programa.

Aquí aparece la verdadera contradicción.

Si una vivienda pública necesita diseñarse pensando en personas con ingresos cercanos a los 70.000 euros anuales, quizá el problema no sea la renta de los jóvenes. Quizá el problema sea que las viviendas no son tan asequibles como se pretende hacer creer.

A menudo se argumentará que Pozuelo tiene una de las rentas medias más altas de España. Es cierto. Pero precisamente porque Pozuelo tiene rentas altas resulta todavía más importante centrar las políticas públicas en quienes se quedan atrás.

La cuestión relevante no es cuánto gana el vecino más rico del municipio. Lo que es relevante es cuánto gana el joven que necesita una vivienda pública porque no puede acceder al mercado privado.

Y la realidad es que muchos jóvenes de Pozuelo trabajan, pagan impuestos y quieren quedarse a vivir aquí sin disponer de rentas excepcionales. No aspiran a privilegios. No esperan que nadie les regale una vivienda. Simplemente necesitan una oportunidad razonable para poder desarrollar su proyecto de vida en el lugar donde han crecido.

Por eso sorprende que un programa que exige diez años de empadronamiento, y que por tanto está claramente orientado a jóvenes con arraigo en el municipio, termine planteando unas condiciones económicas tan alejadas de la realidad de una parte muy importante de ellos.

La vivienda pública no debería funcionar como un escaparate político. Debería ser una herramienta para corregir desigualdades y ayudar a quienes no pueden comprar.

Debería ofrecer una alternativa a quienes están siendo expulsados del mercado y servir para que los hijos e hijas de esta ciudad tengan la posibilidad real de seguir viviendo en ella.

Y ahí es donde este plan plantea dudas muy serias.

Porque una política pública no se mide por el número de viviendas que se anuncian ni por el número de fotografías que acompañan la inauguración. Se mide por el número de personas a las que consigue ayudar.

Y cuando un programa de vivienda supuestamente asequible necesita rentas de hasta 71.400 euros al año para encajar cómodamente en sus propios parámetros, lo que está en cuestión no es el número de viviendas construidas. Lo que se cuestiona es para quién se han construido.

Porque la vivienda pública no puede convertirse en un producto pensado para quienes ya tienen alternativas. Tiene que ser una solución para quienes no las tienen.

Y esa es, precisamente, la pregunta que el Gobierno municipal debería responder:

Si los jóvenes con dificultades reales para emanciparse siguen sin poder acceder a estas viviendas, ¿a quién está beneficiando realmente este plan de vivienda “asequible”?

Patricia Cabal, portavoz de Más Madrid Pozuelo