La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido ante el Tribunal Supremo la multa a 960 euros impuesta por la Junta Electoral Central por infringir la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) durante la precampaña a las elecciones autonómicas del 4 de mayo.

El organismo fiscalizador impone las multas de 600 y 360 euros al considerar que Ayuso quebrantó el principio de neutralidad y de igualdad de armas al aprovecharse de su condición de presidenta regional.

Se trata de tres actuaciones que fueron recurridas por la oposición al entender que la presidenta y la entonces candidata del PP estaba incumpliendo la prohibición legal de hacer propaganda partidista desde posiciones institucionales y en actos públicos.

Dos de ellos tuvieron lugar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas los días 12 y 16 de abril, unificados en el mismo expediente, y el tercero fue un acto de apoyo a la tauromaquia, también en precampaña.

Tras conocer las resoluciones, notificadas este viernes, la presidenta regional ha impugnado sendas multas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

Fuentes regionales han señalado a Europa Press que hay que tener en cuenta que en esas fechas se presentaron “hasta nueve denuncias contra la presidenta, algo nunca visto hasta el momento”.

También apuntan que hay que valorar “los continuos apercibimientos a todos los miembros del Gobierno por declaraciones que infringieron en palabras de la Junta el deber de neutralidad (en ruedas de prensa después del Consejo de Ministros, varias de ellas) y que no se sancionaron”.

De igual modo, Ayuso ha solicitado a la propia Junta Electoral Central que investigue la filtración ayer a un medio de comunicación del fallo a pesar de que éste no estaba redactado.

En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, se solicita ante “la indebida difusión” que se inicie “una investigación interna para esclarecer la identidad del informante o informantes y, en su caso, dé traslado a las autoridades competentes de los datos obtenidos”.

Asimismo, indica que “en la medida en que del conocimiento de dicha autoría se puede derivar la posibilidad de ejercer acciones legales por quien esto firma contra el autor o autores, lo que es un interés legítimo directo”, que se le dé traslado del resultado de dicha investigación.