El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González, ha alertado este martes de la situación “grave y dramática” que atraviesa el tribunal, especialmente en las jurisdicciones Civil y de Violencia sobre la Mujer (con 9.000 recursos pendientes), denunciando el “maltrato institucional” del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por la práctica eliminación de los planes de refuerzo.

En la presentación de la Memoria de este órgano, ha lanzado una dura crítica al Ministerio de Justicia al denunciar que la reducción de un 90% de los planes de refuerzo (de los 20 jueces se han mantenido solo dos) ha colocado al tribunal en una situación de “absoluto colapso”, con consecuencias directas para miles de ciudadanos que esperan la resolución de sus recursos.

En el orden civil, las esperas se alargan incluso hasta los siete años. “La Justicia nunca ha sido una prioridad para ningún Gobierno. Pero en Madrid, estas decisiones suponen un maltrato”, ha espetado el presidente de esta sede judicial.

La principal preocupación del máximo responsable de la Audiencia se centra en la jurisdicción Civil y Mercantil, que constituye la mayor área de actividad del tribunal y que, como órgano de apelación, representa la cúspide de esta jurisdicción en la Comunidad de Madrid, salvo el Tribunal Supremo.

Según ha explicado, la litigiosidad ha experimentado un crecimiento “exponencial” en los últimos años hasta multiplicarse por 4,5 la carga de trabajo. Solo en 2025 se registraron cerca de 80.000 recursos, lo que supone un incremento del 48,17 por ciento respecto al ejercicio anterior. Si en 2021 un recurso civil tardaba una media de cinco meses en resolverse, actualmente el plazo alcanza ya los ocho años, un dato que ha calificado de “alarmante”.

Ha denunciado que los apoyos se han reducido un 90 por ciento y que actualmente la jurisdicción Civil solo cuenta con dos magistrados de refuerzo. A su juicio, esta decisión “condena a la Audiencia Provincial de Madrid al colapso absoluto”, con graves consecuencias para la tutela judicial efectiva de los ciudadanos en asuntos cotidianos como herencias, comunidades de propietarios, arrendamientos, defectos de construcción o conflictos bancarios.

“Los ciudadanos tienen derecho a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable y eso hoy no está garantizado”, ha advertido, al tiempo que ha acusado al Ministerio de mantener una situación de “abandono y maltrato institucional” por razones exclusivamente presupuestarias.

El presidente también ha mostrado una especial preocupación por la situación de las dos secciones especializadas en Violencia sobre la Mujer, cuya carga de trabajo se ha disparado tras la ampliación de competencias derivada de la nueva legislación.

Según ha explicado, ambas secciones ya soportaban una carga “elevadísima” y ahora deben asumir un importante volumen adicional de procedimientos especialmente sensibles y complejos. Como consecuencia, la Audiencia acumula ya más de 9.000 recursos pendientes en esta jurisdicción y el tiempo medio de resolución alcanza los dos años.