Tiene gravísimos problemas: Los jueces piden que la Comunidad de Madrid devuelva las competencias en Justicia al Estado

La gestión de las competencias de justicia a las comunidades autónomas está generando graves problemas, que se solucionarían si las gestionase el ministerio directamente. Así lo expresó ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, que abogó porque el Consejo General del Poder Judicial fuera el único responsable. La Comunidad de Madrid, actual tenedora de estas competencias, no quiso valorar esta petición.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hizo estas declaraciones durante la presentación de la memoria de los juzgados de Madrid de 2016, donde se refleja una bajada del 14,2% en los asuntos tramitados ese año. Francisco Javier Vieira hizo un balance “muy negativo” de la distribución de la Justicia entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. En caso de que el primero apruebe más juzgados o la ampliación de los ya existentes, es el Ejecutivo autonómico el que debe dotarlos de personal, de medios y de instalaciones. Esto se traduce en que transcurre bastante tiempo desde que se toma la decisión hasta que se pone en marcha de forma efectiva. “Lo suyo sería centralizar toda la gestión.
Creo que la mejor solución es que se centralice toda la gestión en el Consejo General de Poder Judicial y que este se encargue de acabar con las dificultades generadas por el traspaso de competencias a las comunidades autónomas”, destacó Francisco Javier Vieira.
El magistrado presidente puso como ejemplo las diferencias existentes en los programas informáticos de gestión procesal. Cada comunidad autónoma que tiene las transferencias de justicia (Cataluña, Canarias y Valencia, entre otras) cuenta con sistemas distintos, que son incompatibles entre sí y que no se conectan entre ellos. “Habría que hacer algo a nivel de ámbito nacional para dotar de mayor homogeneidad a todo el territorio”, añadió Vieira.
La Consejería de Presidencia y Justicia del Ejecutivo regional, sobre la que recae la dotación de medios personales y materiales de la administración de justicia, declinó hacer valoraciones al respecto.