El sistema electoral español esconde una flagrante injusticia democrática. Mientras la polémica «ley de nietos» permitirá que miles de ciudadanos latinoamericanos que jamás han pisado España voten en el País Vasco, por ejemplo, basándose únicamente en el origen de sus abuelos, los miles de vascos y navarros que se vieron obligados a huir de su tierra bajo el azote del terrorismo de ETA continúan despojados de sus derechos políticos locales.

Esta anomalía histórica pudo haberse corregido hace más de una década.

En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy, bajo la dirección del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsó una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), según cuenta The Objective.

El proyecto buscaba devolver el derecho al voto en sus comunidades de origen a quienes acreditaran haber residido al menos cinco años en el País Vasco o Navarra a partir de 1977 y justificaran su marcha por la violencia de la banda criminal.

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), entonces presidido por Benigno Pendás, avaló plenamente la constitucionalidad y viabilidad de la norma.

Técnicamente, se planteaba la creación del artículo 33 bis en la Loreg, permitiendo un traslado censal único al último domicilio vasco o navarro, evitando el doble voto e integrando a los afectados en el censo ordinario mediante el sufragio por correo o presencial.

Sin embargo, a pesar de contar con el respaldo legal, la iniciativa jamás llegó a debatirse y acabó sepultada en un cajón.

El verdadero impacto de este olvido institucional quedó reflejado en 2023 en un demoledor informe del CEU-CEFAS titulado El éxodo vasco como consecuencia de la persecución ideológica.

El estudio cuantificó en 180.000 las personas que abandonaron la región entre 1977 y 2022 por razones políticas, lo que representa cerca del 9% de la población vasca de la Transición, una sangría demográfica que se multiplica al contabilizar a los hijos y nietos que no llegaron a nacer en su tierra.

La investigación concluía con una severa advertencia: la impunidad criminal y el acoso del entorno radical alteraron de forma irreversible el censo electoral, impidiendo que el constitucionalismo compitiera en igualdad de condiciones.

Pese a la evidencia de esta limpieza ideológica silenciosa, ningún ejecutivo ha osado rescatar la ley de 2012, perpetuando un agravio comparativo que antepone el derecho de la diáspora lejana al de las víctimas directas del terrorismo.

Redacción