El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha defendido este viernes que las cuentas del grupo Quirón con la Comunidad de Madrid son “transparentes y limpias”, sin que se haya registrado “ningún tipo de cambio de ningún contratos que vienen desde 2006 y 2010”.

“No tenemos nada que ocultar”, ha subrayado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en declaraciones a los medios en una visita al nuevo centro de salud de Fuencarral tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, que ha trasladado al juez de Instrucción número 19 de Madrid en la investigación de la pieza separada en la que se instruye la presunta comisión de un delito de corrupción en los negocios.

El informe de la UCO, al que tuvo acceso Europa Press y datado el pasado 19 de diciembre, apunta que la empresa de Alberto González Amador “carecía de medios personales y materiales suficientes” para prestar los servicios de consultoría que facturó a Quirón Prevención, una conclusión basada en el análisis efectuado por la Agencia Tributaria sobre la actividad y estructura de la mercantil.

Preguntada sobre la petición del PSOE-M para celebrar un Pleno Extraordinario en la Asamblea de Madrid para analizar las contrataciones del Ejecutivo autonómico con el grupo Quirón, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha subrayado que “las cuentas están auditadas, son limpias y transparentes”.

“Además, no tenemos nada que ver como administración de la Comunidad de Madrid con la relación de terceros y entre proveedores, es decir, cuentas limpias, auditadas y unos contratos que vienen de mucho antes que la presidenta de la Comunidad de Madrid tuviera cualquier tipo de relación”, ha explicado.

En este sentido, ha recordado que estos contratos vienen del año 2006 y 2010, sin que desde entonces se haya producido “ningún tipo de cambio”. “Ni modificaciones, ni nuevos contratos”, ha remarcado.

A raíz de este informe preliminar, el juez Antonio Viejo autorizó recientemente el acceso de la UCO a información bancaria, tributaria y de la Seguridad Social de varios de los investigados y sociedades vinculadas a la operación.