La Comunidad de Madrid quiere humanizar la relación entre el contribuyente y la Administración y hacerla más cercana a través de un proyecto de ley que refuerza los derechos de los usuarios. Por eso ha el Consejo de Gobierno ha remitido el proyecto de ley de Defensa del Contribuyente a la Asamblea de Madrid.

El nuevo texto legal incluye como novedad la obligación de que la Administración tributaria madrileña se disculpe formalmente cuando una resolución judicial dé la razón al contribuyente en una controversia con Hacienda. Y no solo eso, los servicios tributarios agradecerán expresamente la colaboración de ciudadanos y empresas en los procesos de inspección que concluyan sin sanción.

Pero esto no ocurrirá con todos los impuestos. La nueva regulación será de aplicación a los tributos cedidos por el Estado cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid, entre ellos el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el de Sucesiones y Donaciones o los tributos sobre el juego, según informó el consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín.

“Se trata de reforzar la confianza de los contribuyentes y ese respeto al que hacía referencia en su en la relación de la administración tributaria con el ciudadano”, destacó el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que hoy se ha celebrado en Colmenar de Oreja.

El proyecto contempla, además, la creación de una Oficina de Defensa del Contribuyente para proteger los derechos y garantías de ciudadanos y empresas.

De igual modo, se pondrá en marcha una carpeta fiscal integrada en la Cuenta Digital de la Comunidad de Madrid, desde la que los contribuyentes podrán consultar y hacer seguimiento de todos sus procedimientos tributarios. Además, se reforzarán los programas de ayuda para facilitar la autoliquidación y el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

La norma impulsará el uso de un lenguaje más claro en todas las comunicaciones tributarias, con especial atención a personas mayores y ciudadanos con discapacidad.

Adelgazamiento de normas

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado un decreto que persigue simplificar el procedimiento de elaboración de normas autonómicas, con el objetivo de garantizar que las que hay sean más claras y estén permanentemente revisadas y actualizadas.

García Martín detalló que una de las novedades será que las normas caducarán automáticamente cinco años después de su aprobación, salvo que se acuerde expresamente mantenerlas en vigor, mientras que las normas autonómicas serán revisadas cada cuatro años “mediante un sistema de evaluación permanente inspirado en los modelos europeos”.

Y no solo eso, se abrirán consultas públicas para que ciudadanos y empresas puedan proponer mejoras o la eliminación de normas obsoletas.

El Ejecutivo regional reforzará el silencio administrativo positivo de manera que si la Administración no responde en plazo, la solicitud se entienda estimada en favor del ciudadano o de la empresa. El decreto incorpora un procedimiento simplificado para tramitar determinadas leyes de menor complejidad.

Según detalló García Martín, los plazos de elaboración podrían reducirse desde los actuales seis o nueve meses hasta aproximadamente un mes mediante la acumulación y simplificación de trámites.