La Comunidad de Madrid estudia llevar ante el Tribunal Supremo el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 al considerar que invade competencias autonómicas, aunque votará a favor del reparto de fondos entre las regiones “por responsabilidad”.

En concreto, el plan está dotado con hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, de los que 1.113 millones serían para la región. Contempla que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades aportarán el 40% restante, lo que supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado.

Así lo ha trasladado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante la Conferencia Sectorial de Vivienda que este jueves ha reunido a la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez y a los consejeros de las autonomías para estudiar el reparto de fondos. En declaraciones previas a la cita, el consejero madrileño ya advirtió que, aunque las comunidades del PP votan a favor del reparto, discrepan del plan “propagandístico de Pedro Sánchez”, por lo que se reservan la posibilidad de recursos judiciales.

En opinión del Gobierno madrileño, el diseño financiero del plan es “profundamente injusto”. Así, ha censurado que, aunque el Estado presume de triplicar su aportación, “no es cierto”, ya que solo la duplica, mientras “obliga” a las autonomías a multiplicarla por cinco. “Moncloa pone el titular y las autonomías ponen la cartera”, ha lamentado.

Durante la reunión, Rodrigo ha trasladado su rechazo a un plan que busca “imponer el modelo ideológico del Gobierno” y que se ha elaborado “sin consenso, sin diálogo real y utilizando la financiación estatal como instrumento de presión política”. “Se ha cocinado en un despacho del Ministerio, entre titulares y eslóganes, y después han llamado ‘cogobernanza’ a mandarnos el documento cerrado para que lo aplaudamos”, ha defendido el consejero.

En esta línea, el máximo responsable madrileño en materia de Vivienda ha censurado que “no se ha atendido ni una sola” de las alegaciones “fundamentales” presentadas por la Comunidad. “Hablan de diálogo, pero lo que realmente quieren son comunidades autónomas obedientes, sin capacidad política y sometidas al modelo intervencionista de la fracasada Ley de Vivienda”, ha apuntado.