El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones al anteproyecto de Ley de Orgánica Integridad Pública con la que, denuncian, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere «cargarse de un plumazo una herramienta clave para la UCO, la UDEF, los jueces y fiscales en la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y el fraude».

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, quien ha definido esa ley como «un salvoconducto para que la corrupción siga campando a sus anchas en el gobierno de Sánchez».

El también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local se ha pronunciado en línea con lo expresado hace escasos días por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que alertó de que esta normativa puede reducir «la eficacia de mecanismos relevantes» para detectar operaciones de riesgo vinculadas al blanqueo de capitales, el fraude fiscal, la financiación del terrorismo y las tramas de corrupción política.

Según ha explicado el portavoz tras el Consejo de Gobierno, la norma sustituye la escritura pública ante notario que refleja la estructura societaria de una empresa por un documento privado electrónico, «desmantelando un sistema de prevención como el español, reconocido internacionalmente y que actúa desde las notarías como barrera frente al blanqueo de capitales, la corrupción y el fraude».

Además, ha censurado que el anteproyecto también concentra toda la lucha contra la corrupción en una sola Agencia que califica de «independiente» pero que, en la práctica, quedaría bajo el control del Ejecutivo.

Para García Martín, el texto diseña una nueva Agencia que funcionaría, «una vez colonizada por un comisario sanchista, como un apéndice más del Palacio de La Moncloa».

El consejero ha asegurado que el texto ha cosechado el rechazo de Notarios y abogados, e incluso la Comisión General de Codificación y el Consejo Fiscal.

Este anteproyecto de ley, que fue aprobado el pasado mes de febrero en Consejo de Ministros, se enmarca dentro del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que anunció Pedro Sánchez en julio del año pasado, como respuesta al escándalo de Santos Cerdán.