Estimado Capitán:

El artículo publicado ayer en El Correo de Pozuelo sobre el poder de los Directores Generales, en detrimento de los concejales elegidos, en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, pone el foco en una cuestión que trasciende lo meramente organizativo y entra de lleno en el terreno político y es muy interesante. Indica muchas cosas dentro de la decadencia de la partidocracia en la que vivimos y no solo a nivel local…

Según se expone usted, el reciente decreto de alcaldía del 24 de marzo refuerza la figura técnica de los gobiernos, algo legal sí, pero no elegida en las urnas, en menoscabo de los concejales que sí formaron parte de la lista electoral y, por tanto, cuentan con el respaldo directo de los vecinos.

La cuestión, insisto, no es menor ya que afecta al equilibrio entre legitimidad democrática y gestión administrativa y no es fácil decantarse por una de las dos.

El modelo que la alcaldesa Tejero parece consolidar en el consistorio pozuelero, por el contrario, introduce una duplicidad difícil de justificar.

Por un lado, mantiene la estructura tradicional de concejalías, con ediles que perciben retribuciones públicas.
Y, por otro, se superpone una red de Directores Generales que, en la práctica, asumen competencias ejecutivas clave.

El resultado es evidente: dos niveles de responsabilidad para funciones que, en muchos casos, se solapan.

Este esquema plantea varias preguntas incómodas.

La primera, de carácter económico:
¿Tiene sentido que los ciudadanos financien simultáneamente dos estructuras paralelas para una misma finalidad?
La segunda, más relevante aún, es política:
¿Quién toma realmente las decisiones?

Si el peso de la gestión recae en cargos no electos, el papel del concejal, figura central del sistema representativo municipal, queda inevitablemente diluido.

No se trata de cuestionar la legalidad de los Directores Generales, una figura contemplada en la normativa y presente en muchas administraciones, especialmente en el Régimen de las Ciudades de Gran Población.

El problema surge cuando su protagonismo desborda el ámbito técnico y sustituye, de facto, a quienes sí han sido elegidos por los ciudadanos. En ese punto, la política deja de responder al mandato de las urnas para desplazarse hacia estructuras menos visibles y, por tanto, menos fiscalizables. Y eso no parece nada bueno.

Además, esta dinámica puede derivar en una preocupante “dejación” de funciones por parte de los concejales. Si las decisiones relevantes se toman en otros niveles, el incentivo para asumir responsabilidades políticas se reduce. Y con ello, se debilita uno de los pilares fundamentales de la democracia local: La rendición de cuentas.

Por eso, el debate no debería quedarse en la crítica sino avanzar hacia propuestas concretas.

Si la alcaldesa considera imprescindible reforzar la figura de los Directores Generales quizá deba replantearse el papel de los concejales.

Una opción razonable sería limitar sus retribuciones a la asistencia a plenos y comisiones, eliminando delegaciones que en la práctica no ejercen y por las que cobran.

De lo contrario, se corre el riesgo de consolidar un sistema ineficiente y poco transparente.

En última instancia, lo que está en juego es algo más que una reorganización interna.
Se trata de definir si el gobierno municipal responde prioritariamente a criterios técnicos-caprichosos del poder o a la voluntad expresada por los vecinos en las urnas.

Y esa es una decisión profundamente política que merece ser debatida con claridad, sin decretos discretos ni estructuras en la sombra.

Y, a ser posible, presentarla en campaña electoral.
Si se va a dejar la gestión en manos de los Directores Generales, en deterioro de los concejales que van en la lista, debe decirse…

Lo demás, es engañar a los votantes…
E, igualmente, un coste que no deberían asumir los contribuyentes…

Juan Pozuelo