La causa judicial que afecta a Begoña Gómez sigue dando giros de guion. La esposa del presidente del Gobierno ha pedido anular el auto en el que el juez acordaba enviar el caso a un tribunal de jurado y unificar las distintas líneas de investigación abiertas en su contra.

El recurso, dirigido contra el magistrado Juan Carlos Peinado, cuestiona de forma frontal los fundamentos de esa decisión. Según sostiene la defensa, el auto se apoya en «meras conjeturas» y en datos que califica directamente de «falaces» o sobredimensionados, sin que exista una base sólida que justifique un paso procesal de ese alcance.

Además, Begoña también carga contra la decisión de que la causa sea enjuiciada por un jurado popular. Para la defensa, el instructor no ha argumentado de forma suficiente por qué este procedimiento sería el adecuado, algo que considera imprescindible desde el punto de vista legal. «Todo ello exige un rigor en la fundamentación de la que carece por completo el auto», sostiene el escrito, que pide su nulidad.

La defensa también advierte de que trasladar el procedimiento a un jurado popular en un asunto de alta exposición pública podría afectar al derecho a un juicio imparcial, al existir un «juicio paralelo» alimentado por el debate político y la cobertura mediática.

El escrito también sostiene que no existen indicios que sustenten los delitos que se atribuyen a Gómez –tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, malversación y apropiación indebida de marca– y llega a afirmar que la única explicación de la causa es su condición de esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El auto ahora recurrido, dictado el pasado 20 de marzo, no solo planteaba la opción del jurado popular, sino que también acordaba acumular en una sola causa todas las líneas de investigación abiertas y citaba a los tres investigados –la propia Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés– para el próximo 1 de abril.