Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, empieza a respirar. La política del Partido Popular ha estado envuelta en una investigación judicial vinculada a contratos públicos adjudicados al empresario Francisco Roselló desde el Ayuntamiento de Arroyomolinos, donde ejerció como concejala y después como alcaldesa. Un asunto que, si nada cambia, podría ser archivado en próximas fechas de manera definitiva por falta de pruebas.

La causa tiene su origen en varias adjudicaciones realizadas por el consistorio entre 2006 y 2011 a empresas vinculadas a Roselló. A raíz de informes de la Guardia Civil incorporados a una pieza separada de la investigación de la Operación Púnica, los investigadores analizaron si esas adjudicaciones habían podido ir acompañadas de contraprestaciones personales o económicas. Entre los elementos examinados figuraban pagos relacionados con un ático utilizado por Millán, así como ingresos percibidos por familiares y personas de su entorno procedentes de empresas vinculadas al empresario.

Durante la instrucción se investigó si estos hechos podían encajar en delitos como prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias o fraude contra la administración pública. Sin embargo, tras años de diligencias -entre ellas informes policiales, análisis de contratos y declaraciones de testigos- la Fiscalía ha concluido que no existen indicios suficientes para sostener una acusación penal contra la dirigente popular, motivo por el que ha solicitado el archivo de la causa.

Esto supone un alivio no solo porque se enfrentaba a penas de cárcel, sino por la enorme presión a la que ha sido sometida por Partido Socialista Obrero Español y Más Madrid en la Asamblea de Madrid, que pleno tras pleno exigieron su cese por estar envuelta en este presunto caso de corrupción. Una presión duplicada en las últimas semanas tras estallar el caso de acoso del alcalde de Móstoles sobre una exedil en el que la popular intentó mediar con la presunta víctima.

La explosión de emociones de Ana Millán se produjo el pasado jueves en la Asamblea de Madrid, cuando todo su partido, durante distintas intervenciones, salió a defenderla: desde Carlos Díaz-Pache, portavoz del partido, hasta la propia Isabel Díaz Ayuso, a quien le une una relación personal. La vicepresidenta se mostró emocionada, al borde de la lágrima, en varios momentos del pleno.

Al fin y al cabo, el Partido Popular también ha sufrido fuertes presiones para cesarla. E Isabel Díaz Ayuso, lejos de mandarla al ostracismo, optó por blindarla entregándole la vicepresidencia de la cámara. Un movimiento arriesgado, ya que de haber sido declarada culpable, hubiese caído una pesada losa en forma de responsabilidad política sobre la espalda de la presidenta.

Una victoria política que no dudó en celebrar el pasado jueves ante PSOE y Más Madrid: “Después de una década soportando sus injurias, sus ataques y sus insultos, resulta que nunca ha importado la verdad, que nunca han esperado a que hubiera un juicio, pero esta semana se ha sabido que este calvario va a terminar”