El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. La norma, impulsada por la cartera de Mónica García, pretende desmantelar el modelo de colaboración vigente para imponer la gestión pública directa frente a la colaboración público-privada en la sanidad y derogar la Ley 15/1997.

El texto legislativo supone un ataque a sistemas como el modelo Alzira o la gestión de la Fundación Jiménez Díaz. Una limitación a la entrada de empresas privadas que el Ejecutivo ha justificado alegando la necesidad de frenar supuestos “desmanes” y limitar el lucro.

Desde la Comunidad de Madrid, sin embargo, lamentan que el Ministerio de Sanidad intente “tapar” la “ineficiencia” de la ministra con la prolongada huelga de médicos por el Estatuto Marco mediante un nuevo anteproyecto de ley que “no tiene ningún efecto sobre las concesiones ya existentes”.

Ha sido la consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien ha dudado además de “cómo lo han hecho”. “Veremos si ha habido trámite de audiencia o si lo han metido dentro de otras leyes, como suelen hacer”, ha sugerido.

“Se han movido con oscurantismo, como hacen habitualmente, y nos hemos enterado de esto por un medio de comunicación. No obstante, yo creo que lo que le ocurre a la ministra es que no es ministra y está haciendo oposición a Madrid. Esto es una ley anti-Madrid, pero como todo lo que hace, es una medida que ella piensa que es estrella, pero con la que se ha estrellado”, ha reaccionado Matute, refiriéndose a la ministra.

Y es que García aceleró los plazos tras la polémica en el Hospital de Torrejón, que usó como pretexto para este cambio. Tras esta primera aprobación, el texto deberá someterse ahora a audiencia antes de regresar al Consejo y comenzar su tramitación parlamentaria en el Congreso.

Para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, esto es “lo que pasa por tener una ministra sectaria en vez de un profesional que ame a la vida gestionando la salud”.