Pedro Sánchez vive obsesionado con Isabel Díaz Ayuso. No hay discurso, debate o alocución que el presidente del Gobierno de España no nombre a su familia. A lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid solo responde diciendo “que le gusta la fruta”, lo que encabrona más al marido de Begoña Gómez.

Y como vive obsesionado con ella, la ha querido castigar con el anuncio de enviar a Pozuelo de Alarcón, la ciudad franquicia del PP, a 400 menores inmigrantes no acompañados (MENAs) llegados a Canarias pero…

Pero en Pozuelo siempre hay un pero…

Pero el presidente Sánchez no contaba con que la presidenta Ayuso no está dispuesta a permitir este atropello legal, institucional y social. Y lo ha dejado muy claro: Sin la autorización de la Comunidad de Madrid no entrará ni un solo MENA en el CREADE pozuelero.

La maniobra de castigo, urdida desde los ministerios de Juventud e Infancia y de Inclusión y Migraciones, pretendía imponer el traslado de estos menores a dicho centro estatal CREADE sin diálogo, sin planificación y sin informar oficialmente ni al Gobierno autonómico ni al propio Ayuntamiento. Una cacicada sanchista más. Una más de las ya habituales imposiciones unilaterales del Gobierno Sánchez, al que poco parece importarle el equilibrio social o la legalidad vigente.

Pero la respuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no se ha hecho esperar. “No se va a poder producir”, según el portavoz regional Miguel Ángel García Martín que, además, acusa al Ejecutivo de Sánchez de “una deslealtad institucional de tamaño monumental”.

La Comunidad de Madrid le recuerda algo tan básico como que la protección de menores es competencia autonómica, y que trasladar menores de una comunidad a otra requiere por ley la aceptación expresa del gobierno receptor.

Esa aceptación no solo no existe, sino que nadie la ha solicitado oficialmente.

La consejera de Familia Ana Dávila, por otra parte, ha denunciado la falta absoluta de rigor y legalidad en todo el proceso, advirtiendo que el centro CREADE de Pozuelo no cumple las condiciones mínimas para acoger a 400 menores, carece de personal especializado, y ya está al límite de su capacidad.

En cartas enviadas a las ministras Sira Rego (Juventud e Infancia) y Elma Saiz (Inclusión y Migraciones), Dávila acusa al Gobierno Central de instrumentalizar a los menores con fines políticos y de ignorar deliberadamente a la Comunidad de Madrid por razones puramente ideológicas.

No es casual que las comunidades del País Vasco y Cataluña, ambas gobernadas por aliados de Sánchez, no reciban ni un solo menor. Y tampoco es casual que el Gobierno Central quiera amontonar a 400 MENAS en un centro de titularidad estatal, escondido en una zona residencial de Pozuelo, sin planificación ni garantías.

Desde el Ayuntamiento de Pozuelo no se ha recibido comunicación oficial alguna, lo que no impide que el Gobierno filtre su intención a los medios como si el traslado fuera un hecho. Pero no lo es. Y si se intenta ejecutar, la Comunidad de Madrid ya ha advertido que activará todas las medidas legales necesarias para frenar esta operación irregular.

La presidenta Ayuso ha sido clara: Ni en Pozuelo, ni en Campamento, ni en Alcalá de Henares.

No se puede permitir que el caos migratorio generado por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez lo paguen los vecinos de estos municipios, que verán cómo se tensionan los servicios públicos, se degradan los entornos residenciales y se pone en riesgo la seguridad por una decisión arbitraria y chapucera.

No está todo el pescado vendido… Pozuelo no es una moneda de cambio en los tejemanejes del Gobierno Sánchez.

Este es un municipio que exige respeto, planificación y transparencia. Y, por supuesto, cumplimiento de la ley.

Si el Gobierno quiere abordar la crisis migratoria, que lo haga con seriedad y sin cargar el peso sobre los de siempre.

Si el País Vasco y Cataluña no quieren MENAs, ¿por qué va a quererlos la Comunidad de Madrid?

Menos autocracia es lo que queremos.

Juan Manuel Sánchez