El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Oficina de Información del Pasajero (OINP), organismo dependiente del Ministerio del Interior, que le comunique, en un plazo improrrogable de 10 días, los viajes que hicieron tanto Begoña Gómez como su asesora Cristina Álvarez desde el 16 de julio de 2018 hasta la fecha actual. En concreto, quiere saber si visitaron países como República Dominicana, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a la Federación de Repúblicas Rusas.

Según el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, dicha petición se fundamenta en que las investigadas han declinado la petición del órgano judicial de entregar sus pasaportes para la comprobación de los viajes que hayan podido realizar conjuntamente,

Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid también ha vuelto a solicitar a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno una copia de los correos electrónicos que la trabajadora de Moncloa recibió y envió desde 2018 hasta la actualidad. El togado también les ha dado un plazo de 10 días y les ha anunciado que, de no entregarlos, estarían incurriendo en un delito de desobediencia judicial. El objetivo es que, una vez recibidos, sean enviados a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para ser analizados.

Cabe recordar que, en diciembre, la Audiencia Provincial de Madrid avaló investigarlas por el delito de malversación porque el nombramiento de la asistente de la esposa del Presidente de Gobierno recayó en una “amiga íntima de Begoña Gómez”.

Sin embargo, revocó la decisión de pedir los mencionados correos por una cuestión de forma, de modo que le instaron a dictar una nueva resolución con la motivación oportuna. Por lo que entiende, ahora es el momento de volver a solicitarlos porque no existe otra forma de comprobar si dicho correo corporativo se ha utilizado para cuestiones ajenas a su condición de esposa del Presidente del Gobierno.

“Nula colaboración”

Asimismo, el instructor explica que estas diligencias son necesarias debido a la “escasa o casi nula colaboración con la Administración de Justicia, por las investigadas”. Recuerda que se acogieron a su derecho constitucional a no declarar como investigadas, salvo en una ocasión por parte de la investigada María Begoña Gómez Fernández, que lo hizo tan sólo a preguntas de su abogado. Tampoco echa en cara la escasa colaboración de Pedro Sánchez porque, cuando tuvo la oportunidad de colaborar en esta investigación, “se acogió a la dispensa que le otorga el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

El ‘caso Begoña Gómez’, que arrancó en abril de 2024 tras una denuncia presentada por Manos Limpias, encara su recta final. El juez Juan Carlos Peinado tiene de plazo hasta abril para finalizar la solicitud de testificales y la realización de las baterías de diligencias correspondientes. Su intención es no volver a prorrogar otros seis meses la fase de instrucción.

Se jubilará el 27 de septiembre, al cumplir 72 años, y su objetivo es dejar la investigación completamente concluida antes de su retiro. De hecho, lo normal es que los jueces cuelguen sus togas a los 70, pero si lo desean, pueden alargar su marcha otros dos años más, tal y como hizo Peinado. Y es que, las fuentes consultadas explican que puede cerrar instrucción sin necesidad de esperar a que la Audiencia resuelva todos y cada uno de los recursos.