En la Junta de Gobierno Local Ordinaria del día 21 de enero de 2026, cuya Acta también hemos conocido ahora, el Presidente del Tribunal del Tribunal Económico-Administrativo Municipal presentó la Memoria Anual 2025 para que la elevaran al Pleno. Supongo que de Febrero.

Y eso está muy bien. Está en plazo, el cauce correcto y no hay que poner una sola objeción. Trámite cumplido. Documento despachado. Conciencias tranquilas.

Pero la pregunta clave no es si se ha presentado, sino qué cuenta realmente en un año en el que han pasado muchas cosas.

Porque 2025 no ha sido un año cualquiera en materia tributaria en Pozuelo.

La Memoria del Tribunal debería ser el lugar donde se reflejan, con claridad y sin propaganda, los conflictos reales entre la Administración y los vecinos: IBI, plusvalías municipales, sanciones, liquidaciones discutidas y errores administrativos. Todo lo acontecido.

Es el único documento oficial que puede ofrecer una radiografía honesta de cómo se recauda, cómo se reclama y cómo se corrige, si es que se corrige.

Y sin embargo, lo que llega al Pleno es un documento tratado como papel mojado porque no se conoce su contenido. Y sería bueno conocerlo, digo yo. Sobre todo para que los que pagan la falla tengan idea de lo que se aprobará en el Pleno.

Empecemos por, por ejemplo, por la plusvalía municipal, uno de los tributos más polémicos de los últimos años tras las sentencias del Tribunal Constitucional.

Y en Pozuelo se han seguido girando liquidaciones, se han presentado reclamaciones y se han producido recursos judiciales.

¿Refleja la Memoria cuántas reclamaciones por plusvalía se han estimado?
¿Cuántas se han desestimado?
¿Cuántas liquidaciones han sido anuladas por errores de cálculo o por no existir incremento real de valor?
El acta no lo dice. Y, parece ser, que nadie lo pregunta.

Lo mismo ocurre con el IBI, el impuesto que más pagan los vecinos y el que sostiene gran parte del presupuesto municipal.

En un municipio con valores catastrales elevados y continuas revisiones, las reclamaciones por recibos mal calculados, bonificaciones denegadas o errores administrativos son habituales.

¿Se repiten los mismos problemas año tras año?
¿Se corrigen los fallos detectados por el Tribunal?
¿O simplemente se desestiman reclamaciones en bloque?
Silencio administrativo… Nada. Los que pagan no saben nada.

Y luego están las sanciones: multas de tráfico, sanciones urbanísticas o tributarias.

El Tribunal Económico-Administrativo es el filtro previo a los juzgados, el espacio donde la Administración debería rectificar cuando se equivoca.

Si un porcentaje significativo de sanciones acaba siendo anulada, eso indicaría un problema serio en la actuación municipal.
Pero la Memoria no genera debate, no se analiza y no se traduce en cambios. O no nos enteramos.

La clave política está en ella. La Memoria incluye sugerencias y recomendaciones al Órgano de Gestión Tributaria, pero nadie nos hace saber si se cumplen.

No hay seguimiento, no hay informes de ejecución y no hay rendición de cuentas. Se acepta que el Tribunal “recomiende” y que el Gobierno municipal haga lo que quiera… o nada.

En un Ayuntamiento que presume de presupuestos récord, de inversión histórica y de gestión económica ejemplar, resulta llamativo que el único órgano que revisa los conflictos fiscales con los vecinos pase completamente desapercibido. No porque no sea importante, sino precisamente porque lo es demasiado.

La Memoria del Tribunal Económico-Administrativo debería incomodar. Debería generar preguntas, titulares y correcciones. Pero en Pozuelo se ha convertido en un documento invisible, asumido por todos y criticado por nadie.

Y cuando nadie quiere mirar ahí, suele ser porque ahí es donde están los problemas.

No entiendo por qué si se ha presentado a la JGL para elevar al Pleno no la pueden conocer los vecinos que son los que sostienen este engranaje de dinero…

Juan Manuel Sánchez