El diario LA RAZÓN ha tenido acceso a la denuncia policial de la directora de Enfermería del Hospital de Torrejón, un documento que arroja nueva luz sobre el origen del conflicto interno que ha sacudido al centro y que ha derivado en una crisis sanitaria y política de alcance regional.

Según ese testimonio, la entonces gerente del hospital, María Pilar Navarro —cesada en octubre— habría pedido a la enfermera que grabara en secreto una reunión clave con el nuevo CEO del grupo, Pablo Gallart, con el objetivo de “protegerse” ante posibles consecuencias derivadas de la revisión de su gestión.

Los hechos se remontan a mayo, cuando el accionista mayoritario del grupo, el conglomerado francés Vivalto, decidió cesar a la consejera delegada de Ribera, Elisa Tarazona, y nombrar como sustituto a Pablo Gallart. Este relevo tuvo un impacto directo en el Hospital de Torrejón, ya que la gerente del centro, María Pilar Navarro, era sobrina de Tarazona, lo que situó a ambos cargos dentro de la misma estructura de confianza.

En septiembre, Gallart acudió al hospital para realizar una auditoría interna y convocó una reunión con los principales directivos del centro para evaluar su situación. Esa reunión es la que, según la denuncia conocida por LA RAZÓN, fue grabada de forma clandestina por la directora de Enfermería a petición directa de la gerente. “Tienes que grabar la reunión porque yo no lo puedo hacer y tenemos que protegernos”, relata la enfermera en su declaración policial.

No obstante, el conflicto venía gestándose desde meses antes. Tres meses antes de la llegada de Gallart, varios jefes de servicio y mandos intermedios habían solicitado formalmente la destitución de Navarro. Alegaban que estaba priorizando criterios económicos sobre la calidad asistencial y denunciaban un deterioro grave del clima laboral. Según fuentes del grupo Ribera Salud citadas por el diario, esa petición fue finalmente atendida.

Cuando el cese de la gerente ya era inminente, en octubre, Navarro presentó una denuncia interna a través del canal corporativo de la empresa. En ella señalaba supuestas irregularidades en la gestión del hospital. Sin embargo, según las fuentes mencionadas por LA RAZÓN, ese escrito reproducía punto por punto las mismas acusaciones que previamente se habían formulado contra ella, lo que fue interpretado como un intento de invertir el relato y trasladar la responsabilidad a otros cargos.

La directora de Enfermería explica también en su denuncia que llegó a sumarse a esa queja interna junto a otros profesionales, comunicando irregularidades, aunque después se retractó de una carta que habría firmado posteriormente. Además, reconoce haber enviado la grabación de la reunión al marido de la gerente, Enrique Gonzalvo, a través de la aplicación Telegram.

La situación dio un giro cuando fragmentos de esa grabación aparecieron en distintos medios de comunicación. Ante esa filtración, la enfermera acudió a la Policía el pasado 5 de diciembre para dejar constancia de que no había sido ella quien facilitó el audio a la prensa.

Tras la publicación de los audios, los jefes de servicio y supervisores de enfermería difundieron un comunicado en el que defendían su actuación profesional y ética. Aseguraron que nunca aplicaron prácticas como el rechazo de pacientes o el aumento deliberado de listas de espera para incrementar beneficios, acusaciones que habían circulado a raíz de la difusión de fragmentos del audio.

Por su parte, Pablo Gallart envió una carta a su entorno cercano en la que afirmó que el archivo difundido estaba “editado y recortado”, y que solo gracias a la denuncia de la enfermera pudo acceder a la grabación completa, de una hora y veintiún minutos. Según su versión, las partes omitidas desmentirían las interpretaciones que apuntaban a una gestión orientada exclusivamente al beneficio económico.

El contenido íntegro del audio, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, refuerza la tesis de un conflicto interno entre directivos más que la existencia de una estrategia para lucrarse. En la reunión, Gallart subraya que el hospital debe funcionar con los recursos asignados por la Administración y recuerda que los recursos sanitarios son limitados en cualquier país. Insiste también en que el contrato obliga a ofrecer un servicio equivalente al de la red pública.

En el audio, el CEO afirma haber convencido al accionista mayoritario de que era inviable que el hospital generara beneficios hasta 2039. Añade que las inversiones realizadas, cifradas en 120 millones de euros, se asumen como pérdidas y que el objetivo es garantizar la supervivencia del centro, incluso con rentabilidad cero.

Finalmente, el conflicto derivó hacia el ámbito institucional y político, especialmente durante el puente de la Constitución, cuando el debate sobre la sanidad privada y la gestión de hospitales públicos adquirió mayor intensidad. La Comunidad de Madrid concluyó que las listas de espera del Hospital de Torrejón son inferiores a la media y que los pacientes valoran la atención recibida con un 8,6 sobre 10.