Hay momentos en los que la política local revela, como un espejo, lo que ocurre en la política nacional. Lo que está ocurriendo en Pozuelo de Alarcón con la empresa murciana Agrupación Dinamia S.L. no es una rareza. No es un fallo aislado. No es un simple descuido administrativo. Es la expresión en miniatura de la misma enfermedad que corroe al gobierno central: el uso partidista, opaco y repetitivo de la contratación pública.

Las cifras están ahí. Los contratos se repiten. Las adjudicaciones recaen una y otra vez en la misma empresa, que —casualmente— ni siquiera presta servicios a otros municipios de la Comunidad de Madrid. Y mientras decenas de proveedores locales compiten, esperan o directamente se rinden, el Ayuntamiento sigue adjudicando, una tras otra, actividades, eventos y carpas a la misma firma murciana.

Y lo más grave: algunos de esos contratos han sido anulados por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, lo que demuestra que no estamos hablando solo de una mala impresión, sino de decisiones que han incumplido requisitos esenciales del procedimiento.

Esto no es gobernar: esto es desmantelar la confianza ciudadana

En un municipio que presume de nivel de vida, de gestión moderna y de “excelencia”, esta práctica es un insulto. Insulto al contribuyente. Insulto al comercio local. Insulto a la inteligencia de cualquiera que sepa cómo debe funcionar un concurso público.

Porque cuando los contratos se repiten con la precisión de un metrónomo, la pregunta no es “qué casualidad”: la pregunta es por qué.

Y lo más inquietante es que este patrón —repetición de adjudicatarios, opacidad en los criterios, decisiones anuladas por falta de garantías— es exactamente el mismo que ha sacudido al Gobierno central del PSOE. No hay que exagerar: no se trata de decir que sea la misma trama. Pero sí es el mismo “estilo de gestión”, la misma cultura política, la misma alergia a la transparencia.

El paralelismo es inquietante

Mientras en la Moncloa se han abierto investigaciones judiciales por contratos públicos irregulares y redes de influencias en plena pandemia, en Pozuelo vemos una versión más pequeña pero idéntica del problema: contratos que deberían ser claros, plurales y competitivos, terminan siempre en el mismo lugar.

El problema no es solo quién se lleva los contratos.
Es cómo se los lleva.
Y por qué siempre los mismos.

Esto no es un error. Es un modo de operar.

Y ese modo de operar es incompatible con la democracia local.

No es un caso aislado: es el síntoma de una cultura política peligrosa

Cuando se normaliza que:

• Haya adjudicaciones reiteradas a un único proveedor,
• Se ignoren alternativas competitivas,
• Se produzcan anulaciones de contratos por falta de cumplimiento legal,
• Los ciudadanos no reciban explicaciones claras, entonces ya no hablamos de un desliz.

Hablamos de un sistema que beneficia a unos pocos y perjudica a todos.

En España ya hemos visto a dónde lleva ese sistema: a escándalos nacionales, a procesos judiciales, a redes clientelares. ¿De verdad queremos que Pozuelo siga ese camino?

La ciudadanía no quiere excusas: quiere explicaciones

El Ayuntamiento debe responder públicamente —sin evasivas, sin tecnicismos, sin notas ambiguas— estas preguntas elementales:

– ¿Por qué se adjudican tantos contratos a la misma empresa?
– ¿Qué criterios se han seguido para favorecer a una firma de Murcia frente a proveedores locales?
– ¿Qué responsabilidades políticas asumirá el Gobierno municipal tras la anulación de contratos por parte de los órganos de control?
– ¿Qué cambios se van a implementar para garantizar transparencia real?

Porque gobernar no es esconder la mano.
Gobernar es dar la cara.

La situación de Pozuelo es grave, pero hay algo aún más grave

Que una parte de la clase política crea que puede gestionar lo público como si fuera un cortijo personal. Que crea que nadie se dará cuenta. Que piense que la ciudadanía está cansada, desmovilizada, dormida.

No lo está.
No lo estamos.

Cada contrato repetido, cada procedimiento anulado, cada adjudicación inexplicable es una mancha indeleble en la gestión pública. Y, como ya hemos aprendido en el Gobierno central, las manchas no desaparecen solas: crecen, se enquistan y acaban devorando la credibilidad de quienes gobiernan.

Conclusión: exigir luz no es opcional, es una obligación democrática

Pozuelo necesita una auditoría exhaustiva, una regeneración completa de los procesos de contratación y, sobre todo, un compromiso firme de sus representantes:

No más contratos sin transparencia, no más repeticiones sospechosas, no más decisiones sin control.

Si en la Moncloa se han atrevido a jugar con millones en contratos opacos, no permitamos que en Pozuelo se consolide la misma cultura política, aunque sea en miniatura.

La democracia ni se compra ni se alquila.
Y si algunos gobernantes lo han olvidado, toca recordárselo. Con firmeza. Con dureza. Y sin miedo.

Juan Pozuelo, de El Pueblo Existe.