El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 100.000 euros, a través del Ministerio de Sanidad, a la contratación de la creatividad de una campaña de publicidad institucional sobre el aborto que ataca a los médicos objetores defendidos por la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, el ministerio que dirige Mónica García, de Sumar, ha licitado un contrato con el siguiente objeto: «Servicio de creatividad, diseño y producción de una campaña de publicidad institucional sobre salud y mujer 2026». El importe de licitación asciende a 100.201,66 euros y las empresas candidatas tienen hasta el próximo 15 de diciembre para la presentación de sus ofertas.

En el briefing de este expediente, según los pliegos de contratación consultados por OKDIARIO, queda claro que la principal temática de esta campaña es el aborto. Y aquí, el Ministerio de García hace alusión expresa a la objeción de conciencia.

El Ejecutivo considera que el aborto sigue enfrentando «múltiples obstáculos» en su implementación dentro del Sistema Nacional de Salud. En este contexto, cita, por ejemplo, la «persistencia de barreras morales e ideológicas». Y subraya: «La objeción de conciencia del personal sanitario, aunque legítima en términos individuales, adquiere un carácter estructural en determinados territorios o centros, lo que dificulta el acceso real a la prestación», señala.

«A ello se suma -prosigue el Gobierno de Sánchez- el peso del estigma social, a pesar de la confidencialidad del proceso y de que el derecho a abortar no requiere justificar los motivos: el aborto continúa rodeado de prejuicios que condicionan la experiencia de las mujeres y pueden afectar también a la actitud de los profesionales sanitarios», recalca Sanidad.

En lo referente a los objetivos estratégicos, el ministerio de Mónica García aboga, entre otros, por «generar una visión y un relato positivos sobre el aborto». Para el Ejecutivo socialcomunista, «la percepción social del aborto continúa marcada por estigmas ideológicos y morales que también influyen en su implementación dentro del sistema sanitario». A juicio del Gobierno de PSOE-Sumar, «cambiar esa mirada es fundamental para que tanto la ciudadanía como los y las profesionales perciban el aborto como lo que es: un derecho sexual y reproductivo, que debe ejercerse en condiciones de dignidad, respeto y acompañamiento emocional, simbólico y comunitario».

Respecto al público objetivo al que va dirigido esta campaña, Sanidad habla de uno «principal», que abarca «mujeres de 16 a 50 años», y de otros públicos «secundarios», donde incluye a los «profesionales sanitarios», entre otros.

En este punto, el Ministerio de Sanidad admite que «la campaña también se dirige a médicos, enfermeras, matronas y demás personal implicado en la atención sanitaria». El objetivo, indica el Gobierno, es «sensibilizarles sobre el impacto de las malas prácticas en la salud de las mujeres, reforzar el conocimiento sobre el aborto como un derecho reconocido y estimular la implementación de servicios y prácticas que garanticen una atención adecuada, respetuosa y homogénea en el sistema público». Asimismo, añade el Ejecutivo, es «importante visibilizar y crear una imagen positiva de los y las profesionales que se dedican a las interrupciones del embarazo».

García contra Ayuso

El pasado miércoles, Mónica García arremetió una vez más contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por no realizar un registro de sanitarios objetores de conciencia al aborto, algo que calificó de «un acto de soberbia y de ignorancia».

El Gobierno ha puesto en manos de la Abogacía del Estado el inicio de un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Comunidad de Madrid de no crear el registro de objetores al aborto que aparece recogido en la Ley Orgánica 1/2023 que modifica la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010.

Desde la Comunidad de Madrid enfatizan que en esta región creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente», por lo que «no vamos a señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos». Sobre lo estipulado en la Ley Orgánica 1/2023, el Ejecutivo de Ayuso es claro: «Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario», apostilla.