La Asamblea de Madrid ha aprobado una propuesta del Partido Popular, apoyada por Vox, en la que se exige al Gobierno central la realización de pruebas de edad a los menores inmigrantes en un «máximo de 48 horas». Esta demanda del partido liderado en la Comunidad de Madrid por Isabel Díaz Ayuso se produce tras la violación de una niña en el barrio de Hortaleza (Madrid) por parte de un falso MENA, que se descubrió posteriormente que tenía 23 años.

La propuesta del PP solicita también al Gobierno «recuperar el control de fronteras» y combatir mafias, entre otros puntos centrales junto con las pruebas de edad a menas, que deben realizarse en tiempo para evitar casos como el del violador de Hortaleza.

Esta demanda se produce a través de una Proposición No de Ley que ha sido registrada por el Partido Popular, en la que se insta al Gobierno de Pedro Sánchez a recuperar el control de las fronteras, garantizar retornos efectivos de los inmigrantes ilegales que llegan a España, que la Unión Europea dote a la frontera sur de más medios. Asimismo, también implica la pérdida de residencia automática cuando un inmigrante incurra en delitos graves, garantizar la determinación de edad de los menores extranjeros no acompañados en un plazo máximo de 48 horas, promover el retorno y la reagrupación familiar, mejorar la coordinación y cerrar los tres «macrocampamentos» estatales ubicados en la región.

Rafael Núñez, diputado en la Asamblea de Madrid y coordinador de Migración en el PP nacional, ha cifrado en casi 10 millones los residentes en España que nacieron «en el extranjero», lo que implica «casi el 20% de la población española» nacida fuera de las fronteras nacionales. «La población de origen nacional disminuye de manera constante. En España hay más marroquíes que asturianos», ha explicado este jueves.

Núñez ha cargado contra Pedro Sánchez por perder «el control de la inmigración» y por verse, tanto él como su Gobierno «absolutamente superado por los acontecimientos». Asimismo, el diputado popular ha afirmado que empieza a haber «bolsas de exclusión» que están «generando problemas de seguridad donde antes no los había».

«Un Estado soberano tiene derecho a definir unos límites. Un Estado soberano tiene derecho a imponer una serie de condiciones y un Estado soberano tiene derecho a establecer unas reglas claras», ha añadido Núñez.