Pedro Sánchez ha consumado un nuevo golpe a la igualdad entre españoles: La llamada “quita” de la deuda autonómica.

Bajo la coartada de un supuesto beneficio para todas las comunidades, el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para que el Estado (es decir, todos los contribuyentes) asuma 83.252 millones de euros de deuda regional.

¿El verdadero objetivo?
Comprar la fidelidad de ERC y premiar a Cataluña, donde cada ciudadano se libra de 2.285 euros, mientras que cada madrileño tendrá que cargar con 483 euros extra.

El truco es simple: El Gobierno de Sánchez llama “condonación” a lo que, en realidad, es una mutualización de la deuda, un eufemismo para decir que los pasivos de unas autonomías se reparten entre todos los españoles.

Se socializa la irresponsabilidad financiera y se castiga la buena gestión.

Las comunidades que han subido impuestos y dilapidado recursos serán “recompensadas”, mientras que Madrid, que ha reducido el IRPF y ha liderado la recaudación nacional, se ve penalizada.

El plan del Ejecutivo se llevará a cabo en tres fases, con criterios diseñados para contentar a los socios independentistas y castigar a quienes han apostado por la libertad fiscal.

De los 83.252 millones de euros, 17.104 millones son directamente a Cataluña, mientras que Madrid apenas se librará de 8.644 millones.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo ha justificado con una frase bochornosa: “¿Quién diría que no a que le alivien la carga de la deuda?”.

Lo que omite esta demagoga es quién pagará la factura: El conjunto de los españoles, incluidos quienes han administrado bien sus cuentas.

Se trata de una amnistía financiera que recuerda demasiado a la amnistía política concedida a los golpistas catalanes.

Igual que Sánchez borró delitos para garantizar su investidura, ahora borra deudas para seguir amarrado a la Moncloa. Y lo hace despreciando a comunidades como Madrid, la locomotora económica del país, que aporta más de lo que recibe y ahora, además, será castigada por su éxito.

Montero ha llegado a decir que la quita beneficiará “especialmente” a comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía o Canarias. Pero este maquillaje estadístico no tapa la evidencia: Cada catalán recibe más que ningún otro ciudadano español.

No hay neutralidad posible cuando el reparto favorece a quien más ha despilfarrado y a quien Sánchez necesita para sobrevivir políticamente.

Además, se introduce un criterio perverso: Premiar a quienes han subido el IRPF en la última década. Es decir, se favorece a las regiones que han exprimido fiscalmente a sus ciudadanos mientras se castiga a aquellas que han optado por bajar impuestos y atraer inversión. En otras palabras: Sánchez quiere convertir la buena gestión en un pecado y la mala en virtud.

Sabe perfectamente que, aparte de salvar a Cataluña, castiga a la Comunidad de Madrid.

El Gobierno presume de que las comunidades se ahorrarán entre 6.600 y 6.700 millones en intereses, pero calla que ese coste no desaparece: Lo asume el Estado. Y el Estado somos todos.

La operación no alivia la deuda, simplemente la cambia de bolsillo: del autonómico al nacional. Lo que hoy parece un regalo, mañana se convertirá en más déficit, más deuda pública y, por supuesto, más impuestos.

El PP ya ha anunciado que no caerá en la trampa y que sus presidentes autonómicos no pedirán esta condonación “envenenada”. Sin embargo, Montero vaticina que “al final todos acabarán firmando”. Es la confesión implícita de un Gobierno que cree que todo tiene precio, incluida la dignidad política.

La Comunidad de Madrid vuelve a ser el blanco de las políticas sanchistas. La región que más aporta al sistema, que crea empleo y atrae inversión, es tratada como un enemigo a batir. La quita de deuda es solo un capítulo más en la ofensiva contra quienes no se pliegan al rodillo fiscal del Gobierno.

Esta operación no es solidaridad: es un chantaje político y un atraco económico. Los madrileños (y millones de españoles responsables) pagarán la fiesta del independentismo catalán mientras Sánchez brinda con ERC por seguir un año más en el poder.

Juan Pozuelo