El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un polémico decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de los menores inmigrantes no acompañados (MENAs) en cada comunidad autónoma.

Esta norma supone el último paso para iniciar su derivación desde Canarias y Ceuta, territorios desbordados por la presión migratoria. Sin embargo, el decreto ha levantado duras críticas por la falta de transparencia y por el trato desigual que reciben comunidades como Madrid, mientras otras, como Cataluña o el País Vasco, quedan prácticamente exentas.

El texto del Gobierno establece un ratio de 32 menores por cada 100.000 habitantes para determinar la capacidad ordinaria de acogida. En el caso de la Comunidad de Madrid, esta cifra se traduce en 2.325 plazas disponibles, lo que la sitúa como la tercera autonomía con mayor capacidad, solo por detrás de Andalucía (2.827) y Cataluña (2.650).

Aun así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha fijado que Madrid debe recibir ahora 647 menores, cifra que comenzará a hacerse efectiva tras la reunión interministerial anunciada para el próximo martes.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha calificado la medida como “un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante”. Según Alegría, se trata de “niños y niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de ofrecer una acogida digna, solidaria y humanitaria”.

Pero no todas las comunidades comparten esta visión. La Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo, denunciando la opacidad del proceso y un reparto que consideran arbitrario y políticamente motivado.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha sido tajante:

“La Comunidad de Madrid va a tomar todas las acciones necesarias y judiciales para que este reparto sea igualitario y transparente. Lo que no puede ser es que el Gobierno de Pedro Sánchez intente ocultar a las autonomías y, en este caso, a Madrid, cómo y por qué se toman estas decisiones”.

Rodrigo también ha denunciado el trato de favor a Cataluña y al País Vasco, comunidades que no recibirán nuevos menores a pesar de su elevada capacidad de acogida. En el caso catalán, la Generalidad ha anunciado que podría atender a 31 jóvenes, pero lo hará de forma voluntaria, no obligada. “Sánchez prefiere mantener contentos a sus socios nacionalistas antes que aplicar criterios justos y homogéneos”, subrayó Rodrigo.

Este decreto reaviva la polémica en Pozuelo de Alarcón, donde el Gobierno pretende enviar centenares de menores inmigrantes de los 647 que mandará a la Región a un centro que, según denuncian vecinos y la propia alcaldesa Paloma Tejero, no reúne las condiciones adecuadas para atenderlos dignamente.

El decreto, que debería ser un mecanismo solidario ha terminado convirtiéndose en un nuevo frente político entre Moncloa y las comunidades no alineadas con Sánchez.

La sensación de arbitrariedad y el “reparto a dedo” han encendido las alarmas en Madrid, y particularmente en Pozuelo, donde la ciudadanía se siente utilizada como moneda de cambio.

En palabras de Rodrigo, “algo tendrá que esconder o, como mínimo, algo le dará vergüenza, porque si todo fuera tan claro no habría motivo para ocultarlo”.

La batalla jurídica está servida y, mientras tanto, Pozuelo de Alarcón se prepara para soportar un nuevo golpe (ya se las ingeniará Sánchez para castigar a esta ciudad, fruto de la estrategia política de un Gobierno más preocupado por sostener sus pactos gubernamentales que por garantizar soluciones transparentes y equitativas.

Se prevé un otoño calentito.

Juan Manuel Sánchez