Tras meses de encontronazos entre el Gobierno y las comunidades del PP por la acogida obligatoria de cerca de 4.000 menores migrantes que se encuentran en Canarias, hoy, el Consejo de Ministros culmina la previsión de que el 28 de agosto comiencen las reubicaciones.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, el delegado de Políticas Sociales, José Fernández, ha reprochado un “reparto no equitativo entre todas las comunidades, donde ha dejado fuera casualmente a Cataluña y el País Vasco”.

Fernández ha lamentado que el Gobierno “no está cumpliendo ni las resoluciones ni las sentencias del Tribunal Supremo” y ha recordado que se trata de “personas”. Por ello, ha reiterado la necesidad de “dar una respuesta social” frente a un Gobierno central que “deja los problemas para que otros lo resuelvan”.

“Vivimos en la polarización, no en la gestión, por parte del gobierno de España y en ese juego no entran los gobiernos de la Comunidad de Madrid ni del Ayuntamiento de Madrid ni los gobiernos del Partido Popular”, afirma Fernández.

El concejal ha defendido la posición de la Comunidad de Madrid en contra de este reparto porque “lo que está haciendo es reclamar”.

La Comunidad de Madrid interpuso un recurso en el Supremo ante la llegada de 647 menores a la región. El Ejecutivo autonómico ya elevó el 31 de julio al Tribunal Constitucional el Real Decreto Ley donde se establecían los nuevos criterios de distribución y ahora procede de la misma forma con el reglamento que articula la reubicación de esos niños. Con estas actuaciones se busca frenar el reparto que se iniciará, de forma previsible, el próximo 28 de agosto.

El reparto, “un nuevo peaje independentista”

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, expresó el mismo 31 de julio que “supone un reparto injusto, insolidario, que atenta a las competencias de las comunidades autónomas”: “Es un nuevo peaje que ha tenido que pagar el Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos independentistas”, expresó.

Los servicios jurídicos de la Administración regional han presentado un recurso contencioso-administrativo con el Real Decreto 658/2025 donde se articula la reubicación de los menores procedentes de territorios donde se ha sobrepasado la capacidad de acogida. Así, García ha señalado que no es fortuito que la mayoría de los niños migrantes vayan a ir a Madrid o Andalucía.

La ofensiva de la Comunidad de Madrid sigue la línea iniciada en marzo cuando recurrió ante el TC el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo donde se fijaban los criterios para adjudicar los criterios de reparto. Desde el Gobierno regional y otras 10 autonomías estiman que las modificaciones que se introdujeron invaden las competencias exclusivas de las autonomías, como es la tutela y protección de los menores migrantes no acompañados. Además, Madrid considera que falta la justificación de urgencia y el uso de un procedimiento “inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas”.