El juez de Instrucción número 38 de Madrid ha abierto diligencias a raíz de una denuncia de la Fundación Española de Abogados Cristianos contra la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, por el presunto amaño en la adjudicación de contratos para el mantenimiento del Valle de los Caídos.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se incoa dicha apertura y se rechaza a la citada fundación formar parte del procedimiento al no haberse cumplido los requisitos procesales que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le exige a partir de la configuración legal del ejercicio de la acción popular.

La Fundación Española de Abogados Cristianos acusa a de la Cueva de la presunta comisión de delitos de prevaricación del funcionario público y malversación de caudales públicos.

La organización de juristas denuncia la adjudicación de dos contratos para el mantenimiento de Cuelgamuros por valor de 600.000 euros a la empresa ‘Limpiezas Manchegas Becquer’, la única empresa que se inscribió y presentó ofertas.

“Y le fueron otorgados los contratos pese a que tiene problemas de impago con la Administración Pública, tiene sanciones por parte de Castilla La Mancha (donde está asentada) y tiene litigios pendientes del orden social y civil e incluso se le ha abierto expediente de ejecución forzosa”, señala.

La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que “esto es un claro ejemplo de que Pedro Sánchez quiere adueñarse del Valle por intereses económicos además de por cuestiones ideológicas”.

CONTRATO EXPIRADO, REQUISITOS OBJETIVOS

Fuentes cercanas a Patrimonio Nacional han asegurado a Europa Press que la presidenta del organismo no ha firmado ninguna intervención de este contrato, que se licitó antes de que llegara al puesto. Igualmente, señalan que la firma, que se produjo una vez ya se encontraba en el cargo, no corresponde a la presidenta sino a la gerente.

Además, recuerdan que se trata de un contrato de limpieza del Valle de Cuelgamuros y también del Monasterio de El Escorial que ya ha expirado dado que era para el periodo 2021-2023. En este sentido, destacan que la empresa adjudicataria cumplía todos los requisitos cuando accedió a la licitación y que ésta ha pasado por todos los filtros de la intervención del Estado. Asimismo, señalan que todos los requisitos de la licitación eran automáticos y ninguno dependía de un juicio subjetivo.

En cualquier caso, también recuerdan que de ese contrato un 15% correspondía al Valle mientras que el 89% restante corresponde al Monasterio de El Escorial.