El Juzgado de Primera Instancia número 55 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de conciliación que finalmente interpuso la Comunidad de Madrid contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por sus declaraciones del pasado mes de marzo en las que acusó al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso de haber hecho “una gestión homicida y criminal” de las residencias durante la pandemia del coronavirus.

El juzgado ha citado a Belarra el próximo 26 de junio para celebrar el acto de conciliación. Esta demanda, presentada el 19 de marzo, se enmarca como paso previo a una posible querella penal si la dirigente de Podemos no se retracta públicamente. Desde el PP de Madrid explican que el objetivo de esta acción es “defender a los profesionales que durante tanto tiempo lo dieron todo para salvar vidas y luchar contra una pandemia que fue mundial”.

Ione Belarra ha reiterado sus acusaciones tras conocerse la demanda. La líder de Podemos acusó a Ayuso de utilizar “los instrumentos públicos de la Comunidad de Madrid” para “tapar su corrupción” y dijo que “la verdad no se puede tapar con ninguna querella”. Añadió también que desde su formación “no se van a amedrentar ni a silenciar con querellas”.

Demanda contra Reyes Maroto

La Comunidad de Madrid también ha emprendido acciones legales contra la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. El mismo juzgado ha admitido a trámite otra demanda de conciliación contra ella por afirmar en marzo que 7.291 personas mayores fueron “asesinadas” en residencias durante la pandemia. Maroto está citada a declarar el próximo 10 de junio. Un día después de aquellas declaraciones, publicó un mensaje en la red social X admitiendo que “no fueron las palabras más adecuadas”.

Además, el Gobierno regional ha presentado otra demanda contra Juan Pablo Fernández Santos, secretario de organización de Podemos, por calificar de “homicida” la gestión de las residencias. En declaraciones públicas, Fernández ha insistido en que Ayuso “debería estar en la cárcel” por lo que considera una gestión que “provocó que miles de personas murieran solas y abandonadas sin ningún tipo de ayuda, negándoles cualquier atención”.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que estas declaraciones han traspasado las líneas rojas de la “decencia política” y que todo aquel que acuse sin pruebas de delitos a los profesionales sanitarios o al propio Ejecutivo autonómico tendrá una respuesta judicial en forma de querella.

Estas acciones judiciales forman parte de una estrategia del Gobierno de Ayuso para responder a las acusaciones lanzadas por miembros de Podemos y del PSOE, a quienes considera responsables de difundir afirmaciones graves sin respaldo legal, que dañan la reputación de los profesionales que gestionaron la crisis sanitaria desde las residencias de mayores.