La Comunidad de Madrid ha anunciado su intención de llevar al Gobierno central ante los tribunales por la ausencia de financiación y desarrollo de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (conocida como Ley de Eficiencia).

El consejero de Presidencia y Justicia, Miguel Ángel García Martín, lo ha comunicado esta mañana durante un desayuno informativo organizado por Europa Press. Según ha señalado, el Estado está obligado, en virtud del sistema de financiación autonómica y del principio de lealtad institucional, a establecer mecanismos que permitan valorar el coste de las nuevas normas legislativas. Esta evaluación es esencial para que las comunidades autónomas puedan conocer su impacto económico y solicitar, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, los recursos necesarios para cubrir dichos gastos.

Hasta la fecha, ha recalcado, la Comunidad de Madrid no ha recibido ningún tipo de financiación del Estado para aplicar esta ley. El consejero ha explicado que, ante la negativa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a abordar estas cuestiones —lo que impidió la celebración de la Conferencia Sectorial de Justicia prevista para el pasado viernes—, el Ejecutivo autonómico ha presentado un requerimiento previo al Gobierno central instándole a cumplir con sus obligaciones legales. De no recibir respuesta, procederán a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

El consejero ha criticado que esta norma se haya aprobado sin contar con las comunidades autónomas con competencias en la materia —que son responsables de su implementación— ni con el Poder Judicial. «Supondrá para la Comunidad de Madrid un gasto de 43 millones de euros», ha señalado.

Además, García Martín ha informado que ha enviado una nueva carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, solicitando la convocatoria de una Conferencia Sectorial de Justicia. En dicha reunión deberán abordarse seis puntos clave para garantizar el correcto funcionamiento del sistema judicial, incluida la financiación de la Ley de Eficiencia.

El pasado miércoles, el consejero pidió a Bolaños que financiase los costes de implantación. En su misiva al ministro se sorprendía de que «ante la inminente entrada en vigor de una Ley que viene a cambiar el modelo tradicional de la Administración de Justicia», con «un coste económico enorme para las comunidades autónomas con competencias transferidas», sólo haya un punto en el orden del día de esa reunión, y referido a «la información sobre el estado de implantación del nuevo modelo organizativo».

«Es preocupante la falta de financiación a la que el Gobierno central nos tiene acostumbrados cuando las comunidades autónomas tenemos que aplicar nuevas medidas legislativas, pero más preocupante es que a Pedro Sánchez ya no le quedan más líneas rojas que traspasar», ha señalado el consejero.

García Martín ha destacado que España atraviesa «una legislatura que nunca debería haber comenzado y que debería terminar cuanto antes». «Nunca ha habido tantos motivos y tan evidentes para exigir la convocatoria de unas nuevas elecciones, y es que, Pedro Sánchez, está llevando a las instituciones a un descrédito inaceptable que pone en riesgo el funcionamiento del Estado de derecho», ha subrayado.