El 2024 estuvo marcado por la crisis migratoria que asoló España desde varios frentes. La llegada masiva de migrantes irregulares, tanto menores de edad como adultos, ha puesto en jaque la capacidad de acogida de las Comunidades Autónomas. No solo por la falta de espacio, es decir, de centros de primera acogida, sino por los recursos económicos, ya que son estas regiones quienes hacen frente a los gastos.

El reparto que hace el Gobierno central a las 17 autonomías las obliga a hacer poco menos que magia. Hay dos grandes vías por las que estas personas consiguen entrar en nuestro país. La más conocida y mediática, la que sale en los telediarios, es la marítima.

Cayucos y pateras llegan a la costa de las Islas Canarias cada día, engrosando la lista de personas a las que hay que atender. Pero, además, miles de ellos utilizan el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, llegando a la capital del país sin apenas controles desde sus naciones de origen a través de conexiones y escalas en otras ciudades.

Ante esta situación, la Comunidad de Madrid dijo “basta”. Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y la Consejería de Asuntos Sociales que dirige Ana Dávila, exigieron al Ministerio del Interior que controlase de forma más rigurosa las fronteras aéreas, aplicando visados de tránsitos a los visitantes llegados desde Mauritania o Egipto, principales países emisores de migrantes irregulares.

Tras un 2024 nefasto para Madrid, donde la región se hizo cargo de más de 2.400 menores no acompañados (menas), 1.077 de ellos llegados desde Barajas, el nuevo año parece dar la razón (y un respiro) a la región capitalina.

Según los datos a los que ha accedido en exclusiva Vozpópuli, en lo que llevamos de 2025, es decir, unos 50 días, únicamente han llegado a Barajas 12 menores no acompañados de forma irregular. Diez en enero y dos en lo que llevamos de febrero.

Un éxito si lo comparamos con el mes de enero de 2024, cuando 276 menas hicieron su entrada, provocando el primer gran pico migratorio del curso en el aeropuerto madrileño. Una labor conjunta entre Interior y la Consejería madrileña que ve sus frutos después de varias cartas sin respuesta de Ana Dávila al ministro Marlaska.

La efectividad de los visados de tránsito es la viva prueba de que regular la migración irregular es posible, pero hay que poner los medios para ello. Sin embargo, la ‘lucha’ de la consejera no termina ahí, ya que ahora toca lidiar con las personas migrantes que están durmiendo en el aeropuerto, y exigen soluciones a Moncloa de forma inmediata,

(Gentileza de Vozpópuli)