El acuerdo para la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales no ha sido acogido de buen grado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Lejos de celebrar una medida que, aseguran, ha sido aprobada sin acuerdo con los representantes de empresas, pymes y autónomos, desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo que lidera Rocío Albert cifran en hasta 2.635 millones de euros las pérdidas que deberán afrontar sectores clave de la economía madrileña como el comercio y la hostelería una vez esta entre en vigor.

En concreto, de acuerdo con el “informe oral” que maneja el Ejecutivo regional, los comerciantes asumirán gastos extra por valor de 1.775 millones. Por su parte, el montante total en el caso de los hosteleros asciende a los 860 millones. Las consecuencias, al tratarse de dos actividades que en la actualidad representan el 17,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional, con cerca de 800.000 trabajadores en activo, serían “nefastas” tanto para “la primera economía de España”, la madrileña, como para “el resto del país”.

Si se suman todos los sectores productivos que podrían verse finalmente afectados, añade el documento, el coste total de implementar la reducción de la jornada rondaría los 4.000 millones de euros, el equivalente al 1,38 por ciento del PIB madrileño.

La aplicación práctica de la medida en los términos en los que ha sido planteada por el Gobierno central sería, en palabras del portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, una “imposición unilateral” que “no se ha acordado con el conjunto de los agentes sociales, vulnera la negociación colectiva y, además, restringe abiertamente la libertad de empresa”. Así lo ha trasladado instantes antes de advertir de más que posibles “cierres” de “negocios rentables” en los próximos meses.

Por si el impacto económico no fuera suficiente, ha argumentado el también consejero de Presidencia, Justicia e Interior durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles, la modificación normativa se traduciría también en un incremento de la “inseguridad jurídica” al carecer del “desarrollo reglamentario” pertinente.

Por no mencionar, ha matizado, que “las presunciones que se establecen en caso de incumplimiento pueden resultar excesivas y difíciles de gestionar, traduciéndose en un incremento de la conflictividad laboral en todo el país”.

Puesto que el reforma legal “no dispone de un análisis serio y riguroso del impacto económico, las cargas administrativas o las consecuencias organizativas que puede generar, especialmente para pymes y autónomos, que son quienes más sufrirán sus efectos nocivos”, el informe elaborado por la Comunidad concluye su “rechazo frontal” a una iniciativa impulsada por Sumar por “mero tacticismo político”.

La “pérdida de competitividad” pronosticada ha motivado en último término que la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo se haya puesto ya en contacto con el Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz para remitirles el correspondiente documento que recoge todas las alegaciones elaboradas por el Gobierno madrileño frente al anteproyecto de Ley.

Cuestionado por si se plantean recurrir la cuestión ante la justicia, el propio García Martín ha asegurado que emplearán “todos los resortes a nuestro alcance para defender a nuestra economía, a nuestros trabajadores y a nuestros empresarios”. El objetivo, en la medida en que la “negociación colectiva” ya permite reducir la jornada laboral por debajo de las 40 horas semanales, no es otro que “se escuche a los interlocutores sociales” para que “las empresas no sean las que paguen los platos rotos una vez más”.