La Asamblea de Madrid debatirá el próximo jueves la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos sobre la jubilación anticipada de policías locales.

Instan al Gobierno regional a que, a su vez, inste al Gobierno central a que apruebe «sin más dilación» la normativa anunciada que posibilite la jubilación de los policías locales a los 59 años. En la Comunidad de Madrid, según explicó a La Razón el diputado Francisco Lara, la medida afectaría a alrededor de 13.000 agentes. Aunque reconoce que la norma es «administrativamente compleja», la realidad es que han transcurrido casi dos años desde que el Ejecutivo de Mariano Rajoy lo anunciara y su aprobación aún no se ha producido.

Según Ciudadanos, los ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Consejo de Estado ya «han cumplido» con la emisión de informes que les correspondían y, ahora, «la pelota está en el Ministerio de Empleo que dirige Fátima Báñez».

Esta demora en la aplicación ha hecho reaccionar, según Lara, a FEMP, que dio su visto bueno a la iniciativa con el voto unánime de la Junta de Gobierno, donde están representados todos los ayuntamientos de España.

También están protestando por la tardanza, según el grupo parlamentario dirigido por Ignacio Aguado, las «plataformas nacionales donde están representados los policías locales». De hecho, sostienen, ya han anunciado movilizaciones «para levantar el veto» del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la aprobación de esta iniciativa. Las movilizaciones, según Cs, se han frenado a la espera de que se aprobara en las próximas semanas.

Según Ciudadanos, la tardanza en la aplicación de esta normativa no se entiende porque «no va a tener ningún coste» para el Gobierno central, ya que serán los propios ayuntamientos «quienes van a financiar» esta jubilación anticipada.

El Grupo parlamentario sostiene que la medida de jubilación anticipada se traduciría en un rejuvenecimiento de la plantilla de los Cuerpos de Policía Local, muy envejecidos en los últimos años. «Va a facilitar la renovación de las plantillas, algo muy beneficioso para la seguridad», insiste Lara, ya que no hay suficientes puestos para todos los agentes que en la actualidad deberían pasar ya a segunda actividad y se ven obligados a seguir patrullando por la calle a una edad que no garantiza la seguridad de los propios agentes ni del ciudadano.