El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido impulsar este miércoles dos iniciativas legislativas que supondrán modificaciones sobre la regulación actual de la Hacienda pública y su gestión. Por un lado, se ha decidido iniciar los trámites para reformar la ley básica de esta materia que data de 1990 y se ha quedado obsoleta en algunos de sus pasajes. Por otro, se ha aprobado la publicación del anteproyecto de la futura ley de Defensa del Contribuyente.

Este segundo texto tendrá algunas implicaciones directas sobre los ciudadanos porque los objetivos principales que se ha fijado el Ejecutivo con su promulgación son “facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias” y a la vez “reforzar” los derechos de los madrileños en este ámbito. “Creará mecanismos que simplifiquen las gestiones tributarias y mejoren la relación de los madrileños con la Administración, facilitando a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones en un entorno de claridad y eficiencia”, han señalado fuentes del Ejecutivo sobre la futura ley.

La Comunidad aspira a materializar esos presupuestos de claridad y eficiencia obligando por ley a sus organismos a promover “un lenguaje administrativo sencillo y formularios de fácil comprensión”. Es un propósito que no es baladí, porque en multitud de ocasiones la redacción de documentos administrativos y tributarios dificulta su comprensión por muchos ciudadanos.

Con esta iniciativa legislativa, el Gobierno madrileño también quiere “potenciar” la figura del defensor del contribuyente y lanzar una nueva funcionalidad: la carpeta fiscal ciudadana. Esta herramienta supondrá la concentración en un mismo espacio de toda la información tributaria del ciudadano, lo que facilitará el acceso a los documentos y la realización de gestiones con ellos.

En cuanto a la iniciativa que afecta a la ley de Hacienda Pública, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha detallado que el fin que se busca es “mejorar y actualizar” la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable del sector público regional a través de la reforma de un texto legal en vigor que data de 1990.

Los 35 años de vigencia de esta normativa han hecho que algunos de sus puntos se hayan quedado desfasados y precisen de modificación para evitar duplicidades y adaptarla a la normativa europea, estatal y autonómica vigente. Igualmente han aparecido nuevas figuras legales, como fundaciones o consorcios, que hay que incluir en el texto vigente, de ahí que se haya decidido impulsar los cambios para tenerlos aprobados en los próximos meses.