La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón Paloma Tejero sorprendió a los vecinos, hace unos días, anunciando la creación de la Oficina de la Vivienda, tras la aprobación de los Presupuestos 2025 del Ayuntamiento.

Esta decisión, que parecía llegar de forma inesperada, ha generado una avalancha de dudas y críticas, especialmente considerando que lo primero que hizo nada más llegar fue eliminar la Gerencia de Urbanismo, una entidad independiente que garantizaba la mayor imparcialidad en la gestión. O eso parecía. Pero se la cargó de golpe. Como si hubiera detrás rencillas personales (que no políticas) de la anterior etapa de Tejero en el Ayuntamiento de Pozuelo…

La Oficina de la Vivienda, que contará con un presupuesto inicial de seis millones de euros, se presenta como un centro de gestión de ayudas para la rehabilitación de viviendas en las zonas centrales de Pozuelo. No se lo cree ni ella.

Esta función ya existía (se llamaba Oficina de Vivienda y estaba en la C/ Hospital, 4) pero las condiciones de las rehabilitaciones previas eran inasumibles para muchos vecinos, así que esta decisión tiene que tener otras claves. No es un problema de la Oficina, es un problema de que los vecinos no están de acuerdo con el dinero que ellos tienen que poner y adelantar…

Sospechosamente, la cifra destinada a esta nueva oficina también resulta sospechosa por excesiva, considerando que sus tareas podrían ser gestionadas por un equipo reducido.

La falta de debate en el Pleno del Ayuntamiento y la rapidez con la que se ha implementado esta medida alimentan las sospechas de que podría responder a intereses políticos más que a un verdadero compromiso con los ciudadanos para resolver ese endémico problema que, por supuesto, no se va a resolver con rehabilitaciones inadecuadas sino con filosofía política.

Además, entiendo que su dependencia directa de la alcaldesa (no se ha dicho lo contrario), plantea más interrogantes sobre la transparencia y la descentralización de competencias.

Si a eso unimos, el decreto de alcaldía publicado días después (17-enero-2025) en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, delegando funciones urbanísticas en el área jurídica, refuerza la percepción de una reorganización administrativa apresurada. Hay quién señala que esta maniobra podría ser un intento de controlar de forma más directa los asuntos urbanísticos, mientras que hay quien sospecha de ser un movimiento tirando a chiringuito para colocar a colaboradores cercanos. Pueden ser las dos cosas.

Estos son los puntos concretos que se han aparecido en el BOCM:

Primero: Aprobar la resolución de delegación en materia de fe pública de las resoluciones y notificaciones que se dicten en materia urbanística en el Jefe/a de Servicios de Servicios Jurídicos de Urbanismo y Vivienda.
Segundo: Los funcionarios que ejerzan las funciones de fe pública delegadas por este acuerdo, harán constar que las ejercen en virtud del mismo.
Tercero: Las certificaciones irán rubricadas al margen por el jefe de la unidad correspondiente, cuando así se determine por el funcionario que ejerza las funciones de fe pública.
Cuarto: Los funcionarios que ejerzan las funciones de fe pública delegadas por esta resolución, serán sustituidos por los titulares de los puestos de trabajo a los que corresponda desempeñar su suplencia, conforme a lo previsto al respecto en las correspondientes normas organizativas.
Quinto: Las funciones de fe pública no previstas en la presente resolución serán ejercidas directamente por el titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local que, en todo caso, podrá asumir total o parcialmente las funciones delegadas, entendiéndose avocadas por el hecho de intervenir directamente y firmar el correspondiente documento.

Reconozco que esto no lo entiende muy bien. Parece como si necesitase gente que diera fe de algo relacionado con el Urbanismo o, simplemente, autorizar funciones a gente por si alguien se niega a firmar para luego que sea el titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local… No sé. No se entiende bien.

Y menos si se piensa que esto debería estar perfectamente regulado desde que se implantó la Ley de Régimen de Gran Población allá por 2008… Y si hay que rectificarla se debería haber hecho por acuerdo plenario y no a las bravas por Decreto de la Señora. En fin…

Pero la pregunta es: ¿Por qué se hace ahora?

Sobre todo si pensamos que las acciones recientes de la alcaldesa contrastan con los planes urbanísticos más importantes de Pozuelo, como ARPO o Montegancedo (si ganan los constructores en los tribunales) y de los que apenas se habla.

En el Gobierno solo se habla de propuestas que podrían favorecer el acceso a la vivienda como la promoción de viviendas libres mediante la venta de parcelas municipales y la promoción de viviendas públicas, algunas a tres centímetros de la ilegalidad, como es el caso de las Viviendas Coca que se va a iniciar su construcción con la condición de la aprobación de la Confederación Hidrográfica del Tajo que no dará…

En cualquier caso, la creación de esta Oficina de la Vivienda (con tanto oscurantismo ya que no la ha puesto siquiera en el debate político) parece más un intento de maquillar fracasos políticos previos en la gestión urbanística que una solución real a los problemas habitacionales de Pozuelo. Me pongo en lo peor.

La falta de transparencia, el despilfarro de recursos públicos y los fines políticos ocultos que rodean esta iniciativa solo refuerzan las dudas sobre su verdadero propósito.

Mmmmmm, peligro en el Viejo Convento, que diría el gran Vicente Marco…

Tejero, nunca debiste cruzar el Arroyo Meaques…

Juan Manuel Sánchez