El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid Miguel Ángel García Martín ha instado a los ayuntamientos de la región (Pozuelo de Alarcón incluido, claro) a aplicar la controvertida tasa de basuras conocida como “el sanchazo” cuando sabe perfectamente que esta medida, que castiga directamente a los ciudadanos con un nuevo impuesto, no solo es profundamente injusta, sino que también podría ser ilegal.

Al exigir su implementación, el Gobierno de Ayuso supongo que traiciona a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid que confían en el PP, pero estoy absolutamente seguro de que sí traiciona a los vecinos de Pozuelo al alinearse con la política fiscal abusiva de Paloma Tejero, algo inaudito y que será recordado y juzgado en las urnas.

Desde la Real Casa de Postas, García Martín intentó descargar toda la responsabilidad sobre el Gobierno central de Pedro Sánchez, al que acusó de “meter la mano en el bolsillo de los españoles”. Y eso está muy bien como excusa. Siempre es bueno que haya alguien a quien echarle la culpa. Sin embargo, y al menos en Pozuelo, esa decisión de exigir a su ayuntamiento que cumpla con esta medida cuestionable, lo convierte, como a Sánchez, en cómplice de un ataque directo al bolsillo de las familias pozueleras.

No basta con criticar de palabra una medida, la verdadera oposición se demuestra con acciones contundentes, no con sumisión servil a una ley que ni siquiera cumple con principios de justicia fiscal.

Lejos de plantar cara al “tasazo”, el Gobierno Regional ha optado por una posición ambigua y cobardona. “Cumplimos las leyes, tanto las que nos gustan como las que no”, justificó García Martín blandeando e ignorando que cuando una ley es arbitraria e injusta, el deber de los gobernantes es luchar por su derogación.

En lugar de aceptarla sumisamente, ¿por qué la Comunidad de Madrid no la ha recurrido ante los tribunales aunque solo fuese como gesto político?

El Gobierno de Ayuso lo ha hecho muchas veces con otras leyes de parecidas conculcaciones legales…
Vaya decepción en Pozuelo.

Esta falta de firmeza evidencia un preocupante déficit de liderazgo político del PP de Madrid en un momento en el que, al menos, los pozueleros esperaban valentía y claridad del partido hegemónico en la ciudad desde hace mucho tiempo.

Para desviar la atención, el consejero señaló también que hay municipios gobernados por el PSOE que tampoco están aplicando la tasa. Sin embargo, este intento de culpar a otros no oculta la incapacidad de la Comunidad de Madrid para defender los intereses de sus votantes con hechos y no solo con palabras.

En un contexto de dificultades económicas crecientes, imponer una nueva carga fiscal es una falta de respeto a las familias trabajadoras que luchan por llegar a fin de mes. Esta tasa no es una medida de sostenibilidad, sino un castigo fiscal disfrazado de necesidad administrativa con claros indicios de ilegalidad.

El doble discurso del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que por un lado critica la medida y por otro exige su aplicación, solo profundiza el malestar ciudadano. Los madrileños en general y los pozueleros en particular merecen un gobierno que defienda sus intereses, no uno que se limite a ordenar el cumplimiento de leyes que considera injustas.

La tasa de basuras representa todo lo que está mal en la política actual: una imposición arbitraria, una falta de coherencia y un desprecio por las necesidades reales de los ciudadanos.

Espero que esta traición política tenga un gran coste y que los ciudadanos no duden en hacerlo evidente cuando llegue el momento de votar.

Manolo Pérez