Pedro Sánchez enfilaba el miércoles el tramo final de su intervención en el Instituto Cervantes de Dakar, en Senegal, para anunciar la Alianza África Avanza. Había alabado las bondades de los programas de migración circular que quiere ampliar su Gobierno y las cualidades de la juventud senegalesa. De pronto llegó la sorpresa. El presidente del Ejecutivo siguió leyendo sus papeles: «Desgraciadamente, las redes de inmigrantes que trafican con seres humanos no dejan de crecer. Para combatir esta amenaza es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Principalmente, porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. Pero esencialmente porque la legislación europea y española obligan a ello».

Solo unas horas antes, el ministro Félix Bolaños había acusado al PP de alimentar los mensajes de «odio y xenofobia» de Vox. Lo hizo después de que los populares alertaran del efecto llamada que podía tener que Sánchez, al inicio de su gira africana, hubiera defendido la necesidad de trabajadores inmigrantes en una sociedad tan envejecida como la española.

Ahora, el alegato público de Sánchez en favor de las expulsiones y devoluciones, su llamamiento a los países africanos a que acepten de vuelta a sus ciudadanos, ha roto la cintura a los socialistas. Incapaces, a esta hora, de explicar en qué se diferencia la postura del presidente del Gobierno de la que viene defendiendo Alberto Núñez Feijóo, partidario de una «inmigración legal». Por más que este jueves el presidente intentara matizarse a sí mismo en una última intervención desde Senegal: la inmigración ordenada es una «vacuna» contra las mafias, sostuvo. Por más que su equipo negara que el líder del Ejecutivo esté dando tumbos.

Esa misma pregunta, cuál es la diferencia, se la hicieron este jueves en RNE al portavoz del PSOE en el Senado. Y Juan Espadas hilvanó una respuesta tan confusa como titubeante: «Sencillamente, haciéndolo en el marco de la legalidad y del ordenamiento jurídico. Lo que está diciendo el presidente es correcto (…). Cuando los acuerdos económicos no despliegan todos los efectos que quisiéramos la inmigración ilegal, la que provoca y acaba generando esas mafias, pues evidentemente tiene que intentar, lógicamente, que con el ordenamiento jurídico en la mano signifique en los casos en los que así se apoya y se refrenda el que haya determinadas personas que deban volver a sus países de origen», contestó Espadas.

Los populares, por su parte, exigieron este jueves una disculpa al Ejecutivo por cuestionar su «altura moral» y llamarles xenófobos. «Solo 24 horas después de escuchar a Moncloa y a sus opinadores de referencia criticar al PP por el hecho de que Tellado (el portavoz del PP en el Congreso) recordara que Alemania hablaba de deportaciones a inmigrantes irregulares mientras Sánchez ofrecía España como destino laboral para 250.000 migrantes africanos, anoche el presidente del Gobierno evolucionó su postura y habló de la necesidad de expulsar a aquellas personas que entran irregularmente en nuestro país», señalaron fuentes del PP.

El principal partido de la oposición se queja de que el Ejecutivo no tiene un plan migratorio, como lo demuestran -a juicio de los populares- los bandazos de Sánchez en este viaje. Empezó en Mauritania pidiendo mano de obra inmigrante y acabó en Senegal defendiendo las devoluciones, con parada en Gambia entre medias.

El problema con el que Sánchez se ha dado de bruces, y que es incompatible con los mensajes buenistas del PSOE y sus socios, son las ínfimas cifras de retorno de los inmigrantes en situación irregular. Cifras que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están poniendo sobre la mesa del ministro del Interior y éste, a su vez, sobre la del presidente.

Varios inmigrantes llegan al puerto de La Restinga, a 4 de febrero de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). Salvamento Marítimo ha interceptado hoy domingo seis embarcaciones en las que viajaban 357 personas cuando iban navegando hacia las islas de Gran Canaria y El Hierro, si bien una de ellas se encontraba a la deriva, mientras que una séptima ha llegado por sus propios medios a Fuerteventura con 53 personas. Sumadas a las diez barcazas que se registraron ayer sábado, son un total de 1.035 las personas migrantes llegadas a las islas este fin de semana.

Este periódico contó el pasado viernes que, de los 29.105 irregulares que llegaron por mar a las costas españolas hasta mediados de agosto, la inmensa mayoría eran malienses, senegaleses, argelinos, marroquíes y marfileños, por este orden. En concreto, 23.436 inmigrantes. De ellos, y según las cifras del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, solo el 3 % pudieron ser enviados de vuelta por la Policía Nacional.

Y no es un problema de falta de convenios de readmisión. En concreto, en el caso de Mauritania, Senegal y Gambia, existe un marco jurídico que permite las devoluciones y expulsiones (estas últimas son judiciales o administrativas e implican que la persona haya infringido la ley de extranjería). Es una cuestión de voluntad, y ninguno de los tres países la están teniendo, según reconocen fuentes del Gobierno.

Sánchez se ve más cercado aún por las comparaciones odiosas con la primera ministra italiana. La política migratoria de Giorgia Meloni, recogida en el plan Mattei, está logrando rebajar las cifras de inmigración irregular, al bloquear las rutas desde Túnez y Libia a Italia. Con el consiguiente perjuicio para España, porque las rutas alternativas que están encontrando los inmigrantes (desde Mauritania, pero no solo) son hacia las costas españolas.

Entretanto, el presidente de Canarias lamentó este jueves el «cruce de declaraciones» entre dirigentes del PSOE y el PP a cuenta de la crisis migratoria y reivindicó «sentido común» y «cordura» para alcanzar acuerdos. «Sentémonos en una mesa, las horas que haga falta», pidió Fernando Clavijo a ambos.

(Gentileza de El Debate-Ana Martín)