El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, considera que el cupo catalán es una “suerte de corrupción política” así como que supone “un atropello al modelo” que se han dado los españoles.

En declaraciones a los periodistas, tras la firma un convenio con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, en la Real Casa de Postas, el consejero ha apuntado a que los presidente del PP de las distintas comunidades y también los del resto “sin excepción” están en contra. Además, ha hecho hincapié en que agencias de calificación crediticias independientes, como Fitch, así como organismos internacionales y nacionales también alertan del perjuicio para las autonomías.

“Estamos hablando de compra de votos a través del sistema de financiación autonómico para que el presidente, Pedro Sánchez, pueda mantenerse en La Moncloa un poquito de tiempo más. Es un cupo, en definitiva, lo llamen como lo llamen, en este caso que beneficia a una única comunidad autónoma”, ha sostenido a continuación.

“FINANCIACIÓN A LA CARTA”

Se trata, para el consejero madrileño, de “una financiación a la carta que no cabe en la Constitución, que no cabe en la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas, que va en contra del modelo territorial” y “que va en contra, por tanto, del Estado, de las autonomías”.

Considera que si esto llega a materializarse “va a poner en riesgo la financiación de servicios públicos tan importantes como la Sanidad, como la Educación, como los Servicios Sociales, en muchas comunidades autónomas”.

“Y lo decimos desde una comunidad autónoma solidaria, desde la más solidaria. Somos la comunidad que más aportamos a la caja común. El 70% de los recursos que aportamos las comunidades autónomas lo aporta la Comunidad de Madrid”, ha subrayado. Pero, en este sentido, ha defendido que lo quieren hacer “en condiciones de igualdad”.

Para García Martín, lo que tiene que hacer Sánchez es “rectificar cuanto antes”, ya que “no es de recibo que se rompa el modelo territorial” que tiene el país y que, “una vez más”, “se atente contra la propia Constitución”.