El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha denunciado las “graves carencias estructurales” y la “experiencia caótica y desmoralizante” que viven las personas solicitantes de asilo y los letrados en el aeropuerto de Barajas en una carta dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Desde hace meses el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas vive una crisis migratoria que ha colapsado las salas habilitadas para los solicitantes de asilo. Cientos de inmigrantes ilegales que solicitan protección internacional se hacinan en salas y espacios comunes del aeropuerto en unas condiciones insalubres. La situación, como denuncian varias instituciones oficiales, es insostenible.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha trasladado su “profunda preocupación” por la “grave situación” en la que se encuentra la asistencia jurídica a los solicitantes de asilo en Barajas: “Lo que debería ser un proceso jurídico guiado por los principios de dignidad y profesionalidad se está convirtiendo, de manera habitual, en una experiencia caótica y desmoralizante, tanto para los profesionales como para los propios solicitantes de asilo”, ha advertido.

Las “graves carencias estructurales” en el aeropuerto consisten, según el ICAM, en la falta de intérpretes cualificados, en la sobrecarga del personal de extranjería y policía y en la ausencia de recursos básicos para que los abogados puedan realizar su trabajo.

Ribón ha subrayado que los profesionales tienen que desempeñar sus funciones en “condiciones indignas”, trabajando en espacios inadecuados, sin mesas ni equipamiento mínimo.

Asimismo, ha criticado que faltan formularios y una adecuada coordinación entre las instancias implicadas en el proceso de asilo, lo que dificulta el trabajo de los letrados y “pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas que buscan protección” en España.

El decano del ICAM ha instado a Interior a actuar “con urgencia y determinación” para solucionar esta problemática, que debería abordarse, según Ribón, aportando los recursos humanos y materiales suficientes en las oficinas de asilo y extranjería, espacios dignos de trabajo para los abogados de guardia y una coordinación efectiva para evitar la duplicidad de esfuerzos y pérdida de tiempo en “situaciones de extrema urgencia”. Además, el Decano ha reiterado su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones.

De igual manera, ha solicitado que se garanticen retribuciones justas para los profesionales que trabajan en estas guardias, “asegurando que no tengan que asumir gastos adicionales” como el aparcamiento o la comida, y el reconocimiento a su esfuerzo y sacrificio.

Por otra parte, el Diputado del ICAM responsable de la Abogacía de Oficio, Juan Manuel Mayllo, ha afirmado que es su “responsabilidad denunciar estas injusticias y exigir que se tomen las medidas necesarias para corregirlas”. Mayllo ha recordado que la profesionalidad de los abogados debe ser respetada y que la situación actual es inadmisible: “No podemos permitir que el sistema de asilo en España continúe funcionando bajo estas condiciones. Es imperativo que se garantice la dignidad y los derechos de todas las personas involucradas”.

Aunque es la primera denuncia oficial del Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid sobre esta situación, otras instituciones y organizaciones oficiales llevan tiempo denunciando la crisis migratoria de Barajas.

La Comunidad de Madrid también envió una carta al ministro del Interior a finales del mes de julio, reclamando un mayor control migratorio en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En el escrito se ha denunciado la llegada masiva de inmigrantes ilegales a territorio español a través de vuelos procedentes de África. Desde la capital española han reclamado al Gobierno llevar a cabo “acciones planificadas y coordinadas” que “permitan un mayor control de la entrada apelando a la coordinación entre los Ministerios de Interior y Exteriores”.

En respuesta a las reclamaciones de la Comunidad de Madrid, Interior ha explicado que la Administración puso en marcha en mayo varias acciones oportunas para solucionar el problema y frenar la crisis migratoria. Aunque parece que no son suficientes o lo suficientemente efectivas, ya que el sindicato policial Jupol también se ha pronunciado sobre la gravedad de la situación, a finales de julio denunciaron que cerca de 500 menores llegaron de forma irregular al aeropuerto de Barajas durante los primeros seis meses del año.

Esta organización ha solicitado al Ministerio de Interior que proporcione soluciones a los funcionarios, que carecen de “medidas y medios a su disposición”.

Además, Jupol ha expresado su “especial preocupación” por las técnicas de los ‘menas’ en Barajas para quedarse en el país. Los menores han llegado con la aerolínea de Royal Air Maroc, con origen en Mauritania, con un plan de viaje que hace escalas en Casablanca (Marruecos) y Madrid y destino final a El Salvador. “Menores, que tras su llegada a Madrid rompen el pasaporte y solicitan asilo para quedarse en España”, han denunciado.

Han pedido que se incremente de “forma urgente y permanente” el personal policial en Barajas y la implementación de visados de tránsito para todos los vuelos procedentes de países de África, para evitar que las personas que hacen escala en Madrid aprovechen la parada para solicitar asilo de forma fraudulenta.

La versión del Interior

Sin embargo, fuentes ministeriales consultadas por Vozpópuli han asegurado que las salas de asilo del aeropuerto “funcionan con total normalidad” y consideran que “las cifras difundidas por la Comunidad de Madrid son absolutamente desproporcionadas y no se ajustan a la realidad”.

(Gentileza de Vozpópuli-Belén Argüello)