En contra del criterio de la Fiscalía, impuesto por la número dos del escalafón, Ángeles Sánchez Conde, que provocó un cisma con la fiscal encargada del caso y atendiendo a la interpretación de más de quince fiscales y dos magistrados que consideran que la nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid, sobre la investigación tributaria al novio de Isabel Díaz Ayuso, contiene «indicios delictivos» suficientes para abrir una investigación.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido las dos querellas presentadas tanto por el empresario afectado, Alberto González Amador, como por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) para indagar sobre lo ocurrido con la filtración de los datos personales del primero, contenidos en los mails intercambiados por su abogado con el fiscal Julián Salto, en el marco de una negociación propia de un pacto de conformidad.

Tal y como adelantó El Debate en primicia, el presidente del TSJM, Celso Rodríguez, ha sido el ponente encargado de redactar el auto motivado con el que se da arranque oficial a las pesquisas, en contra del criterio de la Fiscalía General que, en las últimas semanas, había movilizado a los más afines del ‘generalato’, la Junta de Fiscales de Sala del Supremo, para evitarlo. El órgano judicial se había emplazado para dar a conocer el sentido de su decisión tras el puente de mayo, festivo en la comunidad autónoma, y ha hecho pública su decisión tras notificarla a las partes.

En dicho auto, la Sala se declara competente tanto para dirigir las pesquisas necesarias solicitadas por el posible perjudicado, como para asumir, como también avanzó este diario, la exposición motivada que elevó el magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 18 de Madrid, en relación a la denuncia penal presentada por los mismos hechos por el ICAM. A partir de este momento, tanto González Amador como el Colegio de la Abogacía están formalmente personados en la causa, el primero como parte interesada y el segundo como acusación popular de la misma.

Citación para que declaren los fiscales

Lo previsible, a partir de ahora, es que el TSJM «requiera a los dos fiscales señalados» por la pareja de Díaz Ayuso en su querella, tanto el instructor de su caso tributario Julián Salto, como el de la máxima responsable de la Fiscalía Provincial, Isabel Rodríguez, para «prestar declaración» sobre lo ocurrido. Tampoco es descartable que se cite «como testigo a la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra» que, como publicó este diario en exclusiva, se negó a cumplir órdenes directas del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en este sentido.

Así las cosas, el papel del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la polémica sobre el inédito comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid revelando las comunicaciones secretas mantenidas –fechas, conversaciones y reuniones– podría verse penalmente comprometida porque, si bien asumió de manera pública su «responsabilidad última» en clave institucional, nunca ha llegado a aclarar si, como apuntan fuentes de toda solvencia en el seno de la Carrera, la indicación y el contenido del polémico documento fue iniciativa suya.

Cabe recordar que la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid Almudena Lastra «se negó rotundamente» a firmar el documento autorizado por el propio titular del Ministerio Público y tampoco aceptó remitir el mismo desde el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia (TSJM), en la versión temporal de los hechos asumida por el fiscal Salto.

Eso sí, no sin antes solicitar vía mail a García Ortiz que dejase constancia, por escrito, de cualquier instrucción sobre el caso que tuviese la obligación de atender en «estricto cumplimiento» de lo previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público (EOMF). Es éste detalle, «no menor», el que «podría comprometer el papel» de García Ortiz en la cronología de lo sucedido.

Según las mismas fuentes consultadas por El Debate, a juicio de Lastra, tanto la cronología de las conversaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta madrileña y la Fiscalía Provincial, como los pormenores de las mismas desvelados en el contenido del comunicado que terminó viendo la luz, eran incompatibles con el deber de «confidencialidad» de las partes en el proceso reglado para alcanzar pactos de conformidad. Una posición de la fiscal que para algunos miembros de la Carrera «prueba la antijuricidad palmaria» de las órdenes emanadas desde la Fiscalía General, y no Provincial, para la gestión de este asunto.

(Gentileza de El Debate-María Jamardo)