Aprovechando que en agosto no hay muchas noticias económicas, la agencia pública EFE vio ayer la oportunidad de lanzar un teletipo con el titular Cataluña genera más de 53.500 millones en impuestos estatales, casi el 20 % del total.

La idea estaba clara: resaltar el gran esfuerzo que hace esta región en el sostenimiento del Estado, y que justificaría que ahora sus impuestos pasen a ser gestionados, recaudados, liquidados e inspeccionados por la Agencia Tributaria de Cataluña, según se ha preacordado con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) a cambio de que apoye la investidura como presidente de la Generalitat a Salvador Illa, el candidato de los socialistas catalanes (PSC) .

Para reforzar la idea, el teletipo incidía en que Cataluña recauda mucho más que País Vasco y Navarra, las dos regiones en cuyo concierto económico se fija la región para promover su futura financiación privilegiada, sin hacer ninguna referencia a la menor población de estas dos regiones ni a que sus regímenes económicos están recogidos en la Constitución.

No es hasta la mitad del artículo cuando se reconoce que la recaudación en Madrid es sensiblemente superior a la de Cataluña: 120.575,9 millones en el año 2023 frente a 53.543,7 millones, según los datos de la Agencia Tributaria; más del doble. Quien más sostiene la recaudación del Estado es Madrid.

Al margen de este intento de propaganda, está claro que el impulso en Cataluña de un nuevo sistema de financiación privilegiada perjudicaría al resto de España. «Lo peor es que tendríamos que financiarlo el resto de españoles. Supondría, aproximadamente, unos 500 euros menos de presupuesto por persona en todas las comunidades autónomas. Con ello, por ejemplo en Madrid, tendríamos entre 3.500 y 4.000 millones menos de presupuesto, una cantidad equivalente a tener que cerrar dos o tres hospitales públicos o alguna universidad para poder financiar la parte alícuota que correspondería al pufo catalán», indica Mikel Buesa, catedrático de Economía de la Universidad Complutense.

En opinión de Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad CEU San Pablo, lo que debería emprenderse es una reforma del sistema autonómico que recortara la diferencia entre las regiones mejor y peor financiadas por habitante. «En España hay dos regiones bien financiadas: País Vasco y Navarra; a nuestra costa, claro», añade Buesa. «Las demás están financiadas con un régimen común que Zapatero fue complicando para satisfacer a los catalanes. Como resultado, hay una diferencia de más o menos unos 35 puntos porcentuales respecto a la media entre las dos regiones mejor financiadas, que son Cantabria y La Rioja, y la peor, que es la Comunidad Valenciana. Cataluña está en la media, como Madrid, por lo cual no tiene motivo de queja», complementa el catedrático.

Una nueva financiación privilegiada para Cataluña desestabilizaría a España, y sería injusta con otras regiones, según ambos catedráticos. Por el contrario, «algunos estudios muestran con claridad que, con los mismos recursos que se usan ahora, podría llegarse a una equiparación casi completa entre las regiones españolas. Si hay equiparación, las mejor financiadas perderían, y las peor financiadas, ganarían; los que estamos en el medio, como Madrid, nos quedaríamos igual, aportando, eso sí, la Comunidad de Madrid, el 70 % de los fondos que se dedican a las transferencias verticales entre las comunidades autónomas».

(Gentileza de El Debate-Jordi Benítez)