«No va a haber amnistía. Este Gobierno no la va a aceptar», prometió una y otra vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; «La amnistía no cabe porque esto es un pacto entre españoles, no entre catalanes», defendió el ministro Juan Carlos Campo; «Es que no es constitucional, no sé cómo se puede explicar con más claridad», argumentó María Jesús Montero; «Lo repetiremos por activa y por pasiva», clamó Fernando Grande-Marlaska ante los micrófonos de los periodistas; «Ni amnistía ni nada de eso», apuntaba Salvador Illa en sus discursos… y tan solo 11 meses después el Congreso se enfrenta a la aprobación definitiva de la ley de amnistía impuesta por el PSOE, presionado por sus socios de Gobierno separatistas, sin ninguna certeza ni control sobre su aplicación.

La memoria política está ahí y antes de las elecciones generales del 23 de junio ningún ministro socialista, ni por su puesto su líder, apoyaban esta ley. Sus votantes les dieron sus votos con la promesa de que su partido no pujaría ni por la amnistía ni por el referéndum de autodeterminación, creyendo que el PSOE, tal y como prometió Sánchez en campaña, traería a Carles Puigdemont a España «para rendir cuentas ante la Justicia».

Nada de lo que dijeron han cumplido. Sus mentiras las disfrazaron con «cambios de opinión». Y hoy la democracia española está más débil que nunca.