La Asociación de Hospitales Privados de Madrid (ACHPM) han presentado alegaciones contra la nueva ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud que elabora el Ministerio de Sanidad de Mónica García. Su posición es «frontalmente contraria» a este proyecto normativo que «trata de blindar la gestión directa de la sanidad pública y hacer imposibles los modelos de gestión privada, persiguiendo los existentes hasta su total reversión».

Así lo consideran en el documento que la asociación presenta dentro del plazo establecido para la consulta pública previa de la futura ley impulsada por Sanidad. Las alegaciones ocupan 22 páginas, ya disponibles en el Portal de Transparencia, en las que la ACHPM plantea importantes objeciones a las diversas cuestiones incluidas en el anteproyecto. En especial, insiste en cómo puede afectar una ley como la planteada a los pacientes y la inseguridad jurídica que puede crear.

La ACHPM advierte de que «con una norma como la que se pretende llevar adelante, se va a socavar otro de los pilares del estado de derecho, como es la seguridad jurídica de todo el sector de la sanidad privada de este país». El documento de alegaciones indica que «este anteproyecto persigue desmantelar el marco jurídico existente y de una forma especial. Utilizando su misma expresión, ”se cierra la Ley 15/1997” sobre nuevas formas de gestión, sin establecer alternativas. Una norma que ha producido unos importantes resultados a lo largo de estos años, y que quiere sustituir por un régimen absolutamente desfasado y fuera de lugar, vigente hace más de 50 años, que va a llevar al colapso de la sanidad pública».

Otra de las cuestiones planteadas es que en España, el gasto sanitario total supone el 10,4% del PIB, y el correspondiente a la sanidad privada es el 3,1% del PIB. El 55,6% de los hospitales y el 32% de las camas en España son de titularidad privada. Esto supone que, el 31% de las cirugías, el 24% de las altas y el 24% de las urgencias, tienen lugar en el sector privado sanitario. El 92% de las ambulancias operativas son privadas.

En 2020, el conjunto del gasto sanitario privado y la colaboración privada-pública (conciertos) en 2020 alcanzó los 40.727 millones de euros, lo que se traduce en un 3,64% del PIB. El gasto sanitario público de España en 2021 ha alcanzado los 87.941 millones, de los cuales un 10,2% se destinaron a colaboración privada-pública. En este contexto, la ACHPM insiste, en el documento de alegaciones, en «la imposibilidad de llevar a cabo una ley de estas características sin que ello repercuta en la salud de los españoles».

En España, de un total de 840 hospitales, 410 son de titularidad privada. Además, según datos del INE, hay registrados en España un total de 292.413 médicos y 336.321 enfermeras, entre sanidad pública y privada, de los cuales, 67.350 médicos y 73.207 enfermeras están adscritos a la privada. «Si esta ley saliera adelante y limitara los conciertos, las listas de espera se verían incrementadas» y esto repercutiría, dicen, en la salud de los ciudadanos.

Ante estos datos, en el documento de alegaciones la ACHPM afirma que «si el Ministerio de Sanidad realmente quiere contribuir a mejorar el sistema sanitario español, que realmente lo necesita, sin generar nuevos problemas y buscando soluciones reales pensando en los pacientes, en nuestra opinión lo mejor que puede hacer es utilizar el camino del Consejo Interterritorial, y en él, como órgano de coordinación del Sistema Nacional de Salud (SNS), buscar las soluciones más adecuadas, junto a las Comunidades Autónomas que son las que tienen la competencia en esta materia, y con la vista puesta en el conjunto de la sanidad, pública y privada, como única forma de superar los problemas que ahora mismo tiene el Sistema Nacional de Salud, y que se está poniendo en situación de verdadero riesgo».

Consecuencias en la sanidad privada de Madrid

En Madrid, la privada asume el 31% de los ingresos y de las altas realizadas, el 27% de las estancias y el 37% de las intervenciones quirúrgicas. Sin colaboración público-privada en la comunidad, más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos, según el documento de los hospitales privados. Junto a los pacientes, los profesionales: médicos, enfermería, auxiliares, administrativos y otros trabajadores de la sanidad privada.

Para Isidro Díaz de Bustamante, presidente de la ACHPM, plantear un anteproyecto de ley como el que ha presentado el Ministerio de Sanidad supone «un ataque a un sector económico de esta magnitud pondría en riesgo muchos puestos de trabajo y, por tanto, afectaría a muchas familias. Son los mismos profesionales a los que la ministra de Sanidad debería defender».