El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena, encargado de la querella presentada por el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra la Fiscalía por un presunto delito de revelación de secretos, se ha visto en la obligación de repetir el primer requerimiento remitido a la fiscal jefe de la provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, para que aporte las comunicaciones intercambiadas con la defensa del empresario que se divulgaron desde su oficina de prensa a los medios de comunicación.

Según apuntan fuentes judiciales a El Debate, el primer intento del juez instructor Goyena al frente de la causa penal ha resultado frustrado. El funcionario enviado por el TSJM para recopilar el total de los mails y comunicaciones intercambiadas por la fiscal provincial con la defensa de González Amador acudía, esta misma semana, para recoger una copia de los mismos; pero tras una espera de «más de veinte minutos» se volvía con las manos vacías. Los funcionarios presentes en las inmediaciones del órgano declinaron la entrega de cualquier información relevante para el caso, «una vez consultado», dado «que la petición no iba dirigida contra una persona concreta».

Así las cosas, las mismas fuentes aseguran a este diario que, este mismo viernes, el Tribunal competente ha «librado un segundo oficio», en esta ocasión, directamente dirigido a Pilar Rodríguez para que colabore, como querellada, en el esclarecimiento de lo ocurrido con la nota de prensa emitida por su Departamento; que de acuerdo con la posición de la pareja de Díaz Ayuso perjudicó su derecho fundamental de defensa al divulgar públicamente informaciones confidenciales.

La divulgación de los datos personales de un particular, contenidos en el marco de la negociación para un pacto de conformidad mantenido en el contexto de una investigación tributaria, a través de un comunicado oficial emitido por la Fiscalía Provincial de Madrid, hacía saltar las alarmas en el seno de la institución y llevaba a toda una fiscal Superior, Almudena Lastra; y posteriormente a la fiscal del asunto, María de la O Silva y su responsable jerárquico directo, Carlos Ruiz Alegría, a dar la batalla –previa activación del mecanismo de conflicto previsto en el artículo 27 del Estatuto Orgánico (EOMF)–, negándose a cumplir las órdenes dadas para aplacar el escándalo al entender que las mismas eran «improcedentes».

Una vez el TSJM decidía avanzar con las pesquisas necesarias para indagar la verdad de lo ocurrido, al margen del criterio de la mayoría no unánime del denominado ‘generalato’ de la Fiscalía, la titular de la provincial se ha desmarcado de su deber de colaboración alegando una serie de «pretextos» que, a juicio de los expertos, más allá de «incomodar» al magistrado Goyena, podrían conllevar «graves consecuencias» para la propia titular del Ministerio Público, más allá de las diligencias previas dirigidas contra ella por su papel en el escándalo de la filtración de los datos personales del novio de Díaz Ayuso.

(Gentileza de El Debate-María Jamardo)