Que las palabras de todo un presidente de Argentina sean inapropiadas, calificando de «corrupta» a una persona, Begoña Gómez, que no está formalmente imputada ni condenada por nada, aunque las sospechas sobre sus actividades sean objeto de imprescindible investigación judicial, no justifican bajo ningún concepto la histérica reacción del Gobierno de España, cercana al ridículo.

Javier Milei debió de ser más cauto a la hora de expresar su opinión sobre la esposa de Pedro Sánchez, por mucho que el comportamiento de ambos sea reprobable con lo que ya está demostrado: que se instaló en una cátedra creada a dedo para ella; que la dedicó al ámbito de la captación de fondos públicos y privados; que se asoció con empresas y directivos beneficiarios de decisiones arbitrarias del Gobierno de su marido y que, lejos de dar explicaciones de todo ello, se han escondido y han emprendido una infame cacería de jueces y periodistas impropia de un régimen democrático.

Todo ello podía decirlo el presidente de Argentina sin necesidad de recurrir a los brochazos que él mismo recibió, como tantos otros, de un Gobierno pendenciero que aplica siempre una doble vara de medir inaceptable: los mismos que tildan de drogadicto a Milei, de asesina o corrupta a Ayuso y a su familia, de genocida a Israel, de fascistas a Feijóo y a Abascal, de mentirosos o golpistas a periodistas y jueces o de ultras a al menos la mitad de los españoles no pueden sorprenderse de que, alguna vez, se lleven la misma medicina.

El lodazal en que ha convertido Sánchez la política, sustentado en la mentira, el odio, la división y el uso espurio de las instituciones para reforzar sus coacciones; es incuestionable. Y muy humano responder con las mismas herramientas. Pero eso resta fuerza a la crítica y desvía la atención sobre lo sustantivo, que son la cadena de escándalos que cercan a un presidente lanzado por una inquietante deriva autoritaria.

Lo relevante, en todo caso, es que ahora se pretenda utilizar la polémica para desatar un intolerable conflicto internacional con un país con el que España tiene profundos lazos históricos, a sumar a la caótica diplomacia desplegada ya en Israel, Marruecos, Argelia, o Estados Unidos, plagada de volantazos y marcada por la misma demagogia habitual en los asuntos domésticos.

Llamar a consultas «sine die» a la embajadora española en Buenos Aires, amenazar con la ruptura total con Argentina, reclamar el respaldo de la Unión Europea, convocar a todos los grupos parlamentarias a la causa de la defensa de Sánchez y de Gómez o convertir las palabras de Milei en un ataque a la «democracia española y a sus instituciones» no solo es inadecuado e hilarante. También es un indicio del nulo sentido de Estado de Sánchez, cuya soberbia le lleva a pensar que criticar a su esposa pone en riesgo, nada menos, al propio sistema vigente en España y justificaría un enfrentamiento a vida o muerte con otra nación.

Sánchez, de palabra o con hechos, por sí mismo o con sus ministros, ha insultado gravemente a dirigentes internacionales como Meloni, Trump, Bolsonaro o el propio Milei; con el mismo desprecio que le lleva aquí a denigrar a Feijóo o a Abascal. Y con opuesta intención a la que le lleva a tolerar, cuando no a respaldar, a infames presidentes populistas de todo el orbe latinoamericano y a dirigentes de partidos separatistas, insurgentes o filoterroristas en España.

Aspirar a convertir la defensa de Begoña Gómez en una prioridad nacional es un despropósito y una vergüenza que no le librará, antes o después, de dar las explicaciones oportunas en cuantas instancias permita el Estado de derecho que él quiere anular.

Porque, sin necesidad de improperios, en ningún país civilizado del mundo se atrevería su presidente a exigir impunidad para su familia y a criminalizar a quienes tienen la obligación de evitarlo, denunciarlo y, llegado el caso, sancionarlo.

(Gentileza de El Debate-Editorial)