El Partido Popular y Vox centraron la campaña catalana en denunciar la vinculación que existe entre inmigración ilegal e inseguridad, centrando el tiro especialmente en los delitos de okupación.

La izquierda criticó a ambos partidos por ello, tildándolos de «xenófobos», pero los propios datos del Ministerio del Interior, desgranados en su día por THE OBJECTIVE, les dan la razón: en 2023, la región catalana registró un total de 6.659 delitos de okupación, de los cuales 3.912 fueron cometidos por extranjeros. Es decir, el 59%.

Estos datos, extraídos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a través del Portal de Transparencia, nos hablan de un fenómeno preocupante. Unas 19 personas al día son detenidas y/o investigadas por usurpación en la región. De estas, once son extranjeras. Once extranjeros al día son detenidos por delitos exclusivamente relacionados con la okupación.

En la tabla se computan datos provenientes de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales que proporcionan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad sobre detenidos e investigados por usurpación. Interior también aclara que «los datos de Mossos d’Esquadra se encuentran incluidos a partir de 2020», y que «no se incluyen datos de la Ertzaintza de investigados». Es decir, que la cifra real sería superior, sobre todo para los casos de Cataluña y el País Vasco.

Aun así, Cataluña es, con diferencia, la autonomía más afectada por este tipo de delitos, seguida muy de lejos por la Comunidad de Madrid (943), Andalucía (601) y Comunidad Valenciana (334). Las regiones con menos delitos en esta índole, por otro lado, son Ceuta (0), Melilla (1), Cantabria (13), Navarra (15) y La Rioja (15).

Acierta por tanto la derecha al vincular okupación con inmigración. Hasta el PP, en un endurecimiento táctico de su discurso, ha asegurado durante la campaña que «la okupación se produce en muchos casos por parte de personas que están en situación irregular en este país», y que «Cataluña tiene los índices de criminalidad, de robos, de hurto más altos de España».

Por estas declaraciones el PSOE ha achacado a los populares una «peligrosísima» deriva de «extrema derecha hacia argumentos muy populistas y poco basados en información». Sumar, por boca de Ernest Urtasun, ha culpado a Feijóo de estar «secuestrado por el marco de la extrema derecha y de Vox»: «Es lamentable que alguien utilice la inmigración como arma arrojadiza electoral».

Los datos

Pero la realidad es que la criminalidad está disparada en Cataluña, que es la región que más infracciones penales registró el año pasado. Según datos del Ministerio del Interior, en 2023 hubo un incremento del 7,26% de la criminalidad, con 509.521 delitos por 475.031 en el año anterior. Hubo ocho homicidios más, 404 agresiones sexuales con penetración más, y también un aumento significativo de los hurtos, robos con violencia y asaltos en domicilios y establecimientos.

Por mucho que la izquierda y el separatismo tratan de minimizar esta cuestión, negando incluso que exista un problema de inseguridad, lo cierto es que los propios ciudadanos catalanes opinan lo contrario. El año pasado, por primera vez desde que existen cálculos, la región catalana cayó por debajo de la media española en el Indicador de Calidad de Vida (IMCV) del Instituto Nacional de Estadística (INE). El desplome se debía, sobre todo, a dos indicadores: el de seguridad y el de ocio y relaciones sociales, que es el que hace referencia a la convivencia.

Cárceles catalanas

Que hay una vinculación entre inmigración y delincuencia se evidencia en las cárceles. Tal y como adelantó THE OBJECTIVE, Cataluña es la primera y única región de España tras cuyos barrotes viven más foráneos que españoles (4.050 de 8.041, el 50,37%, con cifras del CGPJ actualizadas en diciembre de 2023), pero el dato se dispara si nos remitimos a los reclusos jóvenes. De entre los que tienen entre 18 y 20 años, tan sólo el 27,9% son nacionales y el 72,1% extranjeros.

Entre estos jóvenes destacan los marroquíes, que ya son el 41,5% de los encarcelados de entre 18 y 20 años, por delante de los argelinos (11,6%) y albaneses (6,1%). Tres nacionalidades que destacan sobremanera sobre el resto.

El aumento de presos extranjeros en las cárceles en Cataluña coincide con el auge de agresiones a funcionarios penitenciarios, desesperados con la situación de inseguridad que ahí viven. Las agresiones contra ellos por parte de los reclusos se han disparado un 345% en un lustro: si 2017 cerró con 196, 2022 lo hizo con 677. Y 2023 pudo cerrar, según las últimas proyecciones, con alrededor de 705 ataques.

(Gentileza de The Objetive-Marcos Ondarra)