El Gobierno regional defiende su modelo de colaboración público-privada en la gestión sanitaria, y especialmente las relaciones con el grupo Quirón, con quienes tiene relación a través de dos de sus empresas, Quirón Prevención -que se encarga de los chequeos a miles de trabajadores públicos- y Quirón Salud -concesionaria de tres hospitales de gestión indirecta y de la Fundación Jiménez Díaz-.

Pero fuentes de la Consejería de Sanidad aseguran que se sigue un exhaustivo procedimiento de control del pago por los servicios que prestan los privados.

En palabras de la consejera, Fátima Matute, «no pagamos nada que no se haya hecho» y comprobado previamente. En todo caso, añaden las mismas fuentes, Quirón Prevención ha recibido pagos de la Comunidad de Madrid que son apenas una mínima parte del total: Desde 2019, se le abonaron 9 millones de euros desde Madrid, 57 millones por el resto de las comunidades con las que contrata, y quince veces más, 159 millones, por el Gobierno de socialista de Pedro Sánchez.

En el caso de Quirón Prevención, se ocupa de realizar desde 2018 chequeos médicos a trabajadores de la Administración autonómica: Tienen capacidad para 90.000 de estos chequeos y suelen realizar unos 9.000.

Este servicio se presta porque salió a concurso y Quirón lo ganó -en el periodo 2018-2021- y desde esa fecha volvió a hacerse con la concesión porque fue la única que se presentó.

Otras administraciones también contratan con Quirón Prevención; de hecho, en los últimos cuatro años los mantienen el Ministerio de Transportes, AENA, o el Ministerio del Interior, Patrimonio Nacional y otros.

En todo caso, esas mismas fuentes de la Consejería de Sanidad aseguran que el Gobierno regional no ha realizado ningún pago que no haya pasado los filtros correspondientes, e insisten en que ni la consejería ni el Gobierno regional tienen ninguna relación ni conexión con la situación fiscal o patrimonial de ningún particular.

Con esta apreciación hacían referencia a las informaciones que quieren vincular a la pareja sentimental de la presidenta Isabel Díaz Ayuso con los pagos efectuados a las firmas del grupo Quirón desde la Comunidad de Madrid.

El modelo que se aplica en la Sanidad madrileña desde hace muchos años es el mismo que se sigue en otras regiones como Cataluña, País Vasco o Castilla-La Mancha, aseguran en la Consejería.

Se basa en la Ley General de Sanidad, que fue aprobada en 1986 bajo gobierno del presidente Felipe González. Esto permite que en Madrid convivan hospitales de gestión meramente pública, como el Gregorio Marañón, La Paz o el Ramón y Cajal, con otros que funcionan mediante concesión con privados.

Algunos tienen cedida la gestión de los servicios no sanitarios, además de la construcción y mantenimiento del propio hospital -como en el caso del Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, el Infanta Leonor, el Infanta Cristina de Parla, el del Henares, el del Tajo, el del Sureste y el Puerta de Hierro de Majadahonda-, y en otros también se ha cedido la gestión de la asistencia sanitaria: así funcionan los hospitales de Torrejón de Ardoz, Rey Juan Carlos de Móstoles, Infanta Elena de Valdemoro y Villalba; además hay dos hospitales concertados desde 2006, el Gómez Ulla y la Fundación Jiménez Díaz.

En la Consejería de Sanidad defienden que el peso de los conciertos en la Sanidad madrileña no ha aumentado en el presupuesto; de hecho, afirman que porcentualmente se llevan una mayor cantidad los hospitales de gestión cien por cien pública.

A la hora de pagar los servicios que prestan los centros de gestión privada que efectúan pruebas diagnósticas o cirugías para la Sanidad privada, mediante convenios, la consejería de Sanidad cuenta con un sistema de control exhaustivo. La liquidación se realiza de forma anual, pero antes de pagar se comprueba que todo lo que se factura son servicios que realmente se han prestado.

Hay hasta tres auditorías: una que determina si se ha realizado la actividad a un paciente asegurado, con derecho a la asistencia sanitaria; otra de datos, que verifica que la actividad es veraz; y otra de actividad, que comprueba la concordancia entre lo declarado y lo realmente realizado.

Además de estas tres auditorías, existe una fase de alegaciones donde los concesionarios pueden mostrar su disconformidad o discrepancias en el proceso, algo que ocurre con frecuencia y que lleva a que, por ejemplo, aún haya procesos pendientes desde 2016, aún no abonados porque se está en proceso judicial.

Todos estos pagos pasan además por el control de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, y a continuación por el de la Cámara de Cuentas.