Aunque se denomine popularmente como el caso Koldo o el caso Ábalos, la Operación Delmore que desplegó la Guardia Civil para destapar una presunta red de corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia se ha convertido en estas semanas en el caso PSOE o en el caso Pedro Sánchez, puesto que las ramificaciones de los negocios de los comisionistas van más allá de los pelotazos con las mascarillas y apuntan directamente a La Moncloa.

De este modo, la trama salpica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a varios ministros, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a dos gobiernos autonómicos socialistas hasta mayo del año pasado y, además, al secretario de Organización, Santos Cerdán, y otros cargos del PSOE. Una telaraña de influencias y mordidas -y quizá de financiación irregular del partido- que supone «el mayor caso de corrupción de un Gobierno en ejercicio desde Felipe González», como ha denunciado el PP de Alberto Núñez Feijóo. Recurriendo a un símil futbolístico, este es el actual once de gala del PSOE de la corrupción. A continuación, los socialistas señalados que deja el caso Koldo.

1.- Pedro Sánchez. -Las preguntas que el jefe del Gobierno sigue sin responder se acumulan sobre su responsabilidad. Su círculo más cercano está salpicado, mientras él anda desaparecido. La sospecha de que el secretario general del PSOE lo supo y lo tapó cada vez es más consistente. Destituyó de manera inesperada a José Luis Ábalos como ministro de Transportes -epicentro de la trama- en julio de 2021, pero luego lo metió en las listas al Congreso del 23J para aforarlo. Y lo mismo hizo con otros implicados en compras fraudulentas, como los ex presidentes de Baleares y Canarias, Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, a los que blindó en el cargo de presidenta del Congreso y ministro de Política Territorial, respectivamente. Incluso su mujer, Begoña Gómez, llegó a reunirse con el comisionista investigado Víctor de Aldama, el mismo que estuvo en Barajas junto a Ábalos y Koldo recibiendo a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y sus maletas allá por enero de 2020.

2.- Francina Armengol. -Se niega a dimitir pese a que sigue sin aclarar quién decidió en el Gobierno balear, del que era máxima responsable, contratar a la empresa de la trama. Tras dos semanas sin dar explicaciones, su comparecencia del pasado martes en el escritorio de prensa del Congreso de los Diputados sólo ha servido para que quien ejerce como tercera autoridad del Estado siga ensuciando el nombre de dicha institución. Armengol ha pasado de decir que estaba «indignadísima» a hacerse la víctima, sin aclarar los contactos de ella o de su Gobierno con la trama pese a la insistencia de los periodistas.

No ha respondido sobre quién llamó desde el Ministerio de Transportes para recomendarle a la empresa de la trama. Tampoco por qué pagaron a la empresa servicios de intermediación que ya realizaba otra empresa. Y si supuestamente es víctima de una estafa, por qué tras conocer la estafa el Govern intentó que la UE pagara el pufo. Cabe recordar que tras conocer la estafa, el Ejecutivo de Armengol avaló con un certificado a la empresa que les estafó. Otro hecho significativo es que pagó en tiempo récord (6 días) a la empresa cuando ya sabía que las mascarillas no servían, pero tardó 799 días en reclamar el dinero. Dijo Armengol el martes que la administración es «lenta». Un argumento que no se sostiene viendo la celeridad con la que actuó en otras ocasiones. ¿Por qué no hizo Armengol como los presidentes de otros Gobiernos socialistas (como Aragón o Asturias) que rechazaron la oferta de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL?

3.- Óscar Puente. -El hoy ministro de Transportes y Movilidad Sostenible es persona de la máxima confianza de Sánchez. El perfil idóneo para echar tierra sobre el hedor de la corrupción que subyace en el Ministerio. De momento sólo ha cesado al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, pero mantiene a otros altos cargos relacionados con la trama.

4.- Fernando Grande-Marlaska. -El ministro del Interior más reprobado de la Democracia ha sido emplazado por el PP a comparecer en el Congreso para aportar información sobre el presunto chivatazo que hubo los investigados. El recuerdo del caso Faisán sobrevuela su Ministerio. Y además, su departamento pagó a la trama. Según los contratos señalados por la Unidad Central Operativa (UCO), el montante ascendió a 3,5 millones de euros. Los investigadores también señalaron en sus actas que altos cargos de Interior obstaculizaron la obtención de algunos informes relevantes para la causa.

5- Ángel Víctor Torres. -El ministro de Política Territorial y ex presidente de Canarias suscribió varios contratos sospechosos con la trama. El primero se firmó para el suministro de837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercero alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se hizo por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.

El Ejecutivo de Torres rehízo luego los contratos para imputar el gasto a las ayudas que concede el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Por todo ello, su gestión está siendo ya investigada  por la Fiscalía Europea por malversación. Al igual que la de Armengol en Baleares. Ninguno asume responsabilidades políticas por ello ni nadie de Ferraz les ha pedido que se aparten, a diferencia de lo ocurrido con Ábalos, que ha dejado de ser diputado del PSOE para pasar al Grupo Mixto.

6- Salvador Illa. -El ministro de Sanidad durante lo peor de la pandemia y en en este momento líder del PSC tiene que explicar sus vínculos con los cabecillas de la trama después de que los informes de la UCO le hayan situado dando el OK para la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Canarias a la firma investigada. Además, Illa sigue sin dar explicaciones sobre la orden para incluir a la empresa de la trama en un megacontrato de Sanidad.

7.- María Jesús Montero. -La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda debe explicar por qué no acudió a la Justicia si su departamento tuvo conocimiento de irregularidades contables en la empresa de la trama. Tampoco ha aclarado por qué destituyó al jefe de Inspección de Hacienda, Javier Hurtado Puerta, tras informar de la trama a la Audiencia Nacional.

8.- José Luis Escrivá. -El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirigía supo ya en junio de 2023 que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando a la familia de Koldo García. El Ministerio Público requirió información sobre la vida laboral de 19 personas, varias de ellas, con los mismos apellidos que quien fuera asesor de José Luis Ábalos y pieza fundamental de la causa abierta en la Audiencia Nacional por el presunto cobro de mordidas de contratos millonarios por mascarillas en plena pandemia. Escrivá guarda silencio.

9.- Santos Cerdán. -El secretario de Organización del PSOE fue el que trajo a Koldo García a Ferraz desde Navarra. Ambos ayudaron a Pedro Sánchez a volver a liderar el partido en las primarias de 2017, formando parte del clan del Peugeot. García pronto pasó de custodiar los avales de Sánchez a ser asesor de Ábalos en su cargo de número tres del PSOE. Ahora ese puesto de secretario de Organización lo ocupa Santos Cerdán y su relación con Koldo García ya no es la misma. Sin embargo, los investigadores de la UCO de la Guardia Civil han interceptado numerosas llamadas entre ambos efectuadas entre los años 2020 y 2023.

10.- Patxi López. -El cuñado del portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputado y ex lehendakari, Melchor Gil, fue socio de un enlace de la trama hasta que la red se sintió vigilada. ¿Estaba Patxi López al tanto de esta vinculación de su cuñado -candidato del PSOE en las municipales de 2023- con Israel Pilar, empresario que según el sumario también hizo negocio con los conseguidores que investiga la Audiencia Nacional?

11.- Ximo Puig. -Un constructor próximo al comisionista Víctor de Aldama no sólo fue beneficiado por el Ministerio de Transportes, sino también por el Gobierno socialista de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana. El ex presidente de la Generalitat debe despejar las dudas sobre esos contratos con José Ruz, de Levantina, Ingeniería y Construcciones SL.

(Gentileza OkDiario-Segundo Sanz)