Los recursos asistenciales para menores extranjeros no acompañados (conocidos como menas) de la Comunidad de Madrid «están tensionados». Son palabras de la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila, pronunciadas al calor del enorme crecimiento en los últimos meses de estas personas desamparadas y de las que, en muchas ocasiones, hay serias dudas de que realmente no hayan alcanzado la edad adulta.

Los datos oficiales, a los que ha tenido acceso ABC, son muy claros: en los meses de noviembre, diciembre y enero últimos, el Gobierno regional ha acogido a 767 de estos menores, de los que 601 han sido derivados directamente desde el aeropuerto de Barajas, procedentes de países africanos. Representan más de un 78%, una barbaridad si tenemos en cuenta que en septiembre la proporción fue 2 menas desde la zona de peticiones de asilo de los 20 totales acogidos por las autoridades autonómicas; 17 de 56 en octubre, y 1 de 69 hasta el 27 de febrero.

Lógicamente, ese repunte coincidió con la crisis de colapso de personas extranjeras llegadas de manera irregular al aeródromo madrileño que destapó este periódico, donde aguardaban hacinadas y tiradas por el suelo una solución. El Estado no da ni un euro a las comunidades autónomas para su sustento, pese a que son estas las que deben encargarse de ellas; solo articuló un plan de contingencia en el que a Madrid le correspondían 20 menas en 2022 y 34 en 2023. Hace un lustro, se consignaron 40 millones de euros para un ejercicio, de los que apenas tocaron 1.500 a nuestra región, lo que equivalía a 1,3 euros por mena. Una quimera hilarante si no estuviéramos hablando de tráfico ilegal de personas.

Porque las cifras son muy superiores, según las distintas fuentes consultadas, tanto en el ámbito de la administración autonómica como entre los policías que se dedican a estas labores de inmigración. Por lo pronto, no están incluidos los menores que hay (o están a la espera de ser evaluados por el Instituto de Medicina Legal para aclarar si tienen menos de 18 años o mienten) en los centros de urgencia instalados por el Gobierno central en Carabanchel y en Alcalá de Henares. Los datos al respecto de estos dos recursos son bastante opacos, con un cálculo de 1.200 personas de todas las edades, evacuadas desde las Islas Canarias, donde la situación es insostenible. Además, aunque el caos en el aeropuerto es mucho menor en las últimas semanas, tras la imposición del visado de tránsito para algunas nacionalidades, muchos de estos menores aún están en la capital; otros, los menos, provienen de terceros países del continente de los que han salido para regresar a España.

Fuentes policiales de toda solvencia explican a ABC que, «sólo en Canarias, hay 4.500 menas bajo tutela». Desconocen «cuántos van a volar a Madrid»: «El incremento es bestial, sobre todo, en expedientes a la espera de la prueba médica para saber si son realmente menores de edad». Es decir, que fundamentalmente hay dos vías de llegada de estos niños desamparados a Madrid. Por un lado, los que el Ejecutivo central a través de diversas ONG deriva desde Canarias y que mayoritariamente acaban en los dos campamentos de emergencia de Carabanchel y Alcalá de Henares; y, por otro, los que arriban aquí mediante mafias o mediante falsas escalas en Madrid para seguir volando a otros países de Europa o incluso Suramérica.

Hace dos semanas, la Policía Nacional dio cuenta de una operación en la que se había desarticulado una red criminal que precisamente introducía a inmigrantes senegaleses que se hacían pasar por menores solicitantes de asilo en España. Hubo 12 detenidos. La mafia había diseñado una sofisticada ruta aérea, proporcionando a estas personas un detallado manual de instrucciones sobre qué hacer una vez que embarcaban desde Casablanca. Hasta allí llegaban con su pasaporte original, compraban billetes de avión a distintos países de Suramérica que debían hacer escala en Barajas. Rompían la documentación dentro del avión y así forzaban que fueran trasladados a los centros de primera acogida de la Comunidad de Madrid mientras se tramitaba su petición, en la que siempre manifestaban que eran menores de edad de Mali o Etiopía.

Una vez en estos lugares, que son de régimen abierto (bien el de Batán o el de Hortaleza), se escapaban sin terminar de formalizar el procedimiento. Los recogían miembros de la mafia en vehículos y luego los repartían por estaciones para viajar a otros países o ellos mismos los trasladaban a Francia, Alemania o Bélgica.

Esto es lo que viene denunciando el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que puso el acento en el hacinamiento y el caos en las salas de asilo del aeródromo y que ha llevado a actuar tanto al Ministerio del Interior como al de Exteriores. El propio Fernando Grande-Marlaska calificó de «fraudulento» el uso que se hace de estas paradas técnicas en nuestras fronteras y de la documentación que usan estas personas.

Royal Air Maroc

Existe un listado de ‘países calientes’ (Senegal, Mali, Marruecos y Kenia, en este último empezó la crisis) desde los que parten estos inmigrantes y que luego hacen escala en Casablanca, con la aerolínea Royal Air Maroc. La empresa ha sido señalada por permitir que estos menores y adultos viajen aun cuando antes de embarcar se han deshecho de sus pasaportes. O directamente portan documentación falsa y carecen de toma de huellas dactilares. De ahí que finalmente se impusiera la necesidad de contar con visados de tránsito para poder hacer escala en España, donde afirman ser adolescentes sin poder probarlo de ninguna manera. «Se pasan información entre ellos. Por ejemplo, se comunicaron por qué zona del aeropuerto, concretamente la de identificación biométrica, pueden escaparse».

La mayoría de los expedientes, insisten de cualquier modo, «son de traslados desde Canarias»: «Si antes se gestionaban cinco al día, ahora hay ocasiones en que son 25, aunque existen picos de sierra», indican fuentes policiales. Lo que está claro es que tantísima gente que está llegando «no se corresponde con el número de pateras», por lo que el grueso de este problema migratorio proveniente de África es por vía aérea. La cifra real es, por tanto, una sombra a la que nadie parece poder (o querer) poner luz.

La Comunidad de Madrid tiene tres centros principales para la acogida de menores tutelados, sean extranjeros no acompañados o de otra naturaleza: el Clara Eugenia (para niños de 3 a 14 años); el de Hortaleza (para adolescentes de 15 a la mayoría de edad), donde en enero de produjo un incendio en una de las habitaciones que obligó a reubicar a 32 de los 68 residentes); y el Richard Schirrmann, en la Casa de Campo, que fue un recurso inicialmente temporal tras cesar su antiguo uso como albergue juvenil y que, pese a su anunciado cierre, seguirá trabajando con menas por el momento.

Pero no son los únicos espacios. La Fiscalía de Madrid explica que «a Comunidad cuenta con catorce de estos recursos especializados repartidos por todo su territorio»: «Algunos de ellos son pisos donde se prepara a estos jóvenes para la vida autónoma en el futuro y cuentan con mediadores culturales y educadores especializados, que resultan esenciales para facilitar el éxito en su proceso de integración».

Sobre los expedientes de determinación de edad, los datos más recientes son los correspondientes a 2022. El Ministerio Público despachó 213 casos (tres más que en el año anterior); y se incoaron 32 de revisión, siendo 9 positivos. A la luz de lo ocurrido este invierno, los datos que haga públicos este organismo sobre 2023 se antojan muy superiores.

(Gentileza de ABC-Carlos Hidalgo)